Tegucigalpa – En una decisión histórica para la justicia hondureña, la Sala II del Tribunal de Sentencia declaró culpables este jueves a 15 reclusas, todas integrantes de la Pandilla 18, por su participación en la masacre que dejó 46 mujeres muertas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) el pasado 20 de junio de 2023.
Las procesadas fueron identificadas como Claudia María Lemus Aceituno, Cherry Darling Guevara, Karen Lorena Ávila Pavón, Suyapa Godoy Leiva, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, Heidy Jackeline Palma Rivera, entre otras. El tribunal las encontró culpables como coautoras de múltiples delitos graves, incluyendo 46 asesinatos, cuatro intentos de asesinato, asociación ilícita e incendio cualificado.
El veredicto también incluye condenas específicas por porte ilegal de armas y municiones para algunas de las procesadas:
- Tres reclusas fueron halladas culpables de porte ilegal de arma de fuego
- Otras tres fueron condenadas por porte de armas de uso prohibido
- Una fue declarada culpable por posesión de munición comercial y prohibida
Sin embargo, el tribunal absolvió a seis de las procesadas de los cargos específicos relacionados con porte ilegal de armas, aunque mantienen su culpabilidad en los demás delitos.
Como consecuencia del fallo, las 15 mujeres permanecerán bajo prisión preventiva, medida que podría extenderse hasta la mitad de la pena final si se presenta un recurso de casación contra la sentencia definitiva.
La audiencia para determinar las penas individuales está programada para el 23 de enero de 2025.
Este caso, considerado como la peor masacre carcelaria en la historia de Honduras, aún tiene capítulos pendientes.
Las autoridades deberán investigar la presunta complicidad de miembros de la Policía Nacional que habrían facilitado las armas utilizadas en la masacre, abriendo así una nueva línea de investigación sobre la responsabilidad institucional en esta tragedia.
La matanza de Támara, como se conoce este incidente, ha puesto en evidencia las graves deficiencias del sistema penitenciario hondureño y la necesidad de implementar reformas profundas para prevenir futuros actos de violencia en las cárceles del país.
