Tegucigalpa – Este lunes 16 de diciembre de 2024 marca un momento crucial en la historia política hondureña con la reanudación de la audiencia contra el exdiputado Midence Oquelí en Estados Unidos.
El proceso judicial ha generado expectativa por la posible presentación de nuevas evidencias que podrían exponer más conexiones entre el narcotráfico y la clase política del país, incluyendo potenciales vínculos con el actual gobierno.
La audiencia anterior ya sacudió el escenario político nacional cuando el líder de «Los Cachiros», Devis Leonel Rivera, reveló haber sobornado a representantes de los tres principales partidos políticos: LIBRE, Liberal y Nacional.
Estas revelaciones cobran especial relevancia en el contexto actual, particularmente después de la controversia generada por un video que mostró aparentes negociaciones entre Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta, y presuntos narcotraficantes.
El caso ha tomado un giro más complejo ante los recientes movimientos para desestimar el Tratado de Extradición con Estados Unidos, una acción que diversos sectores interpretan como un posible intento de protección para figuras políticas vinculadas al narcotráfico.
Esta situación contrasta notablemente con el discurso anti-narcodictadura que caracterizó la campaña de la actual administración.
Se anticipa que la defensa de Oquelí podría presentar nuevas pruebas, y existe la posibilidad de que el exdiputado colabore con las autoridades estadounidenses en busca de una reducción de su condena.
Este escenario ha generado inquietud en círculos políticos ante la posibilidad de que se revelen más nombres y conexiones con el crimen organizado.
La coincidencia entre estas revelaciones judiciales y el cuestionamiento al Tratado de Extradición ha intensificado el debate sobre el compromiso real del actual gobierno en la lucha contra el narcotráfico, especialmente considerando que Honduras podría convertirse en un refugio para aquellos que buscan evadir la justicia estadounidense.
