Tegucigalpa – La administración de justicia en Honduras enfrenta una crisis profunda según el análisis del abogado constitucionalista Javier Sandoval, quien señala que, si bien existen algunos avances en casos mediáticos de índole política, los problemas estructurales del sistema judicial se han agudizado considerablemente.
La situación es particularmente crítica en el ámbito laboral, donde más de 8,000 demandas contra el Estado permanecen sin tramitar bajo la actual administración.
Sandoval revela que las audiencias en los juzgados laborales sufren constantes suspensiones por motivos triviales, resultando en reprogramaciones que pueden extenderse hasta dos años, afectando principalmente a trabajadores de escasos recursos.
El jurista advierte sobre las graves consecuencias financieras de estos retrasos para el Estado hondureño. Muchas de estas demandas, originadas por despidos injustificados con motivaciones políticas, terminan escalando a instancias internacionales, donde las sentencias resultan en costosas indemnizaciones para el erario público.
La politización del sistema judicial también se refleja en casos como el de la jueza Karla Romero, quien según Sandoval, ha sido víctima de persecución.
Esta situación ejemplifica cómo el Poder Judicial parece responder más a intereses políticos que a su mandato constitucional de impartir justicia, erosionando la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
