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Tegucigalpa

Honduras y EE.UU. en la cuerda floja por declaraciones sobre deportaciones

La controversia surgida tras el pronunciamiento de la presidenta Xiomara Castro sobre la base militar estadounidense en Honduras y posibles deportaciones masivas genera preocupación en la comunidad migrante y podría tener serias repercusiones económicas y diplomáticas para el país centroamericano.

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Tegucigalpa – La relación entre Honduras y Estados Unidos atraviesa un momento crítico después de que la presidenta Xiomara Castro cuestionara la permanencia de la base militar estadounidense en territorio hondureño, en respuesta a potenciales deportaciones masivas bajo una eventual administración Trump.

Esta situación ha desatado una ola de reacciones, especialmente en la comunidad hondureña residente en Estados Unidos.

Juan Flores, quien preside la Fundación 15 de Septiembre desde Miami, ha manifestado su profunda preocupación por las implicaciones de estas declaraciones.

Según el líder comunitario, las palabras de Castro podrían poner en riesgo importantes beneficios migratorios, como la próxima renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS), que actualmente se encuentra en fase de negociación.

El impacto económico de un deterioro en las relaciones bilaterales podría ser significativo para Honduras. Las remesas, que superan los nueve mil millones de dólares, representan un pilar fundamental para la economía nacional.

Flores advierte que la imposición de aranceles a estos envíos por parte de Estados Unidos tendría consecuencias devastadoras para miles de familias hondureñas.

La tensión diplomática ha alcanzado el Congreso estadounidense, donde representantes como María Elvira Salazar han comenzado a tomar medidas, incluyendo la solicitud de cancelación de visas para la mandataria hondureña.

Según Flores, estas acciones reflejan la percepción de Castro como «una amenaza para la seguridad nacional» en Estados Unidos.

El presidente de la Fundación 15 de Septiembre enfatiza que las consecuencias de este enfrentamiento diplomático podrían afectar directamente a los aproximadamente dos millones de hondureños que residen en territorio estadounidense, poniendo en riesgo años de trabajo de organizaciones civiles en favor de la comunidad migrante.

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