Tegucigalpa – El gobierno hondureño ha anunciado la extensión del estado de excepción parcial que afecta a 226 municipios del país, una medida que estará vigente desde el 5 de enero hasta el 19 de febrero de 2025. La decisión, formalizada mediante el decreto ejecutivo 03-2025, se implementa en medio de un preocupante incremento en los casos de extorsión.
Según un reciente estudio de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el número de hogares afectados por la extorsión ha alcanzado la alarmante cifra de 304,338, con 78,126 nuevos casos registrados tan solo en 2024.
Esta escalada representa un incremento significativo desde 2018, cuando se reportaron 182,990 hogares afectados.
La comunicación oficial de la extensión ha generado cierta confusión, ya que el anuncio no se realizó a través de los canales habituales de la Secretaría de Seguridad o la Secretaría de Prensa del gobierno.
En su lugar, fue la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) quien dio a conocer la medida. El portavoz policial Edgardo Barahona confirmó la publicación del decreto en el diario oficial La Gaceta.
La medida, implementada inicialmente hace más de dos años como estrategia para combatir la extorsión durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, no ha requerido la aprobación del Congreso Nacional.
Sin embargo, los resultados hasta ahora no han cumplido con las expectativas iniciales, como lo demuestran las cifras ascendentes de casos de extorsión.
El estudio de la ASJ revela una tendencia preocupante: después de una breve disminución a mediados de 2023, cuando se registraron 216,836 casos, los números repuntaron significativamente, alcanzando 286,533 en noviembre de 2023, para luego escalar a los niveles actuales en 2024.
