En el mercado de Croix-des-Bossales, uno de los más vibrantes de Puerto Príncipe, la vendedora Marie-Claude observa con preocupación los escasos ingredientes disponibles, cuando le piden una calabaza, un alimento esencial para preparar la emblemática soup joumou o sopa de ahuyama, el plato típico del día de la independencia haitiana. “Ya no es como antes, cuando todos podíamos preparar nuestra sopa de libertad”, lamenta la comerciante, mientras señala los altos precios de las pocas verduras y la casi ausencia de carne en los puestos.
Por El País
Esta sopa, símbolo de la independencia de Haití, está hecha tradicionalmente con calabaza, carne de res, malanga, apio, zanahorias, papas y especias locales. Es mucho más que un alimento; representa la victoria de los esclavos que conquistaron su libertad en 1804, un plato que durante la época colonial estaba reservado solo para los amos. “Hoy, la crisis no solo nos quita el presente, sino también lo que nos conecta con nuestra historia”, dice Marie-Claude. En 2025, no se pudo celebrar la fiesta de la independencia en el país como todos los primeros de enero.
La gravedad de la crisis haitiana resuena en todos los aspectos de la vida diaria. Según la ONU, más de 5.500 personas murieron el año pasado debido a la violencia descontrolada, y al menos 300.000 han sido desplazadas por la inseguridad. Denuncias de violaciones masivas de derechos humanos, secuestros y asesinatos han convertido al país en un territorio hostil incluso para sus propios ciudadanos. La falta de alimentos básicos, el colapso institucional y el dominio de las pandillas han llevado a Haití a un punto crítico, donde incluso preparar la sopa que simboliza su libertad se ha convertido en una tarea imposible.
La perla de las Antillas ha experimentado un año de inestabilidad política sin precedentes, cambiando tres veces de primer ministro, lo que ha generado una falta de continuidad en los esfuerzos para salir del caos. Cada cambio de Gobierno ha paralizado los intentos de avanzar en soluciones a la crisis. “La inestabilidad constante ha obstaculizado cualquier progreso sustancial en el país”, señala el analista político Michel Toussaint, quien explica que los cambios de liderazgo han generado más desorganización que soluciones.
Según Jean-Paul Lafontant, experto en relaciones internacionales, la posibilidad de elecciones en el país —pendientes desde 2021— es cada vez más remota. “Las elecciones en Haití no están en ninguna agenda de 2025″, asegura. Para él, la creciente inseguridad, la falta de instituciones funcionales y el control de amplias zonas del territorio por parte de pandillas han bloqueado cualquier avance hacia un proceso electoral legítimo. Para Lafontant, la prioridad de la comunidad internacional debería ser fortalecer las instituciones básicas y restablecer el estado de derecho. Sin estas condiciones, argumenta, cualquier intento democrático estaría destinado al fracaso.
El 16 de diciembre se marcaron 34 años desde la primera elección democrática en Haití bajo la Constitución de 1987, pero el día pasó inadvertido en el debate público. La fecha, que conmemora la victoria de Jean Bertrand Aristide en 1990. —símbolo de la esperanza y el cambio— fue ensombrecida por la actual crisis política. “La falta de reflexión sobre nuestra historia reciente muestra un país atrapado entre sus frustraciones y la impotencia política”, comenta el historiadorJean-Claude Fils-Aimé.
Desafíos de la transición judicial en Haití
En Haití, el proceso hacia una democracia plena sigue siendo esquivo. La representante especial de la ONU, Ulrika Richardson, advirtió de que “una ‘transición dentro de la transición no es posible”. Sin embargo, los hechos recientes parecen contradecir esta declaración, como apunta Jacques Letang: “Desde hace tres, ocho, veinte o treinta años, aún no hemos logrado una transición que nos lleve del punto P del Provisional al punto D de la Democracia”. Los esfuerzos realizados hasta ahora no han bastado para impulsar un cambio estructural significativo.
Uno de los mayores retos radica en el sistema judicial, incapaz de abordar la violencia y la impunidad que azotan al país. Letang subraya que “una verdadera transición no podrá ocurrir sin superar los límites impuestos por nuestro sistema judicial”. La proliferación de pandillas, el tráfico de armas y drogas, y las masacres son reflejo del debilitamiento estatal. Además, las violaciones a los derechos humanos, que involucran a funcionarios y afectan a un número alarmante de víctimas, han agravado la crisis institucional.
La incapacidad judicial genera desconfianza y perpetúa un círculo vicioso. Según Letang, “estas violaciones masivas de los derechos humanos no pueden ser tratadas por nuestro sistema judicial tal como existe hoy”. Este fracaso alimenta la percepción de un sistema manipulado y obsoleto que obstaculiza cualquier avance.
Para romper este ciclo, Letang concluye que Haití debe “actualizar su software” y adoptar enfoques innovadores. Es imprescindible reformar el sistema judicial y otras instituciones clave para detener la espiral de violencia e impunidad. La transición hacia una democracia funcional no solo es necesaria, sino urgente.
La justicia transicional surge como una posible herramienta para enfrentar la profunda crisis que vive Haití, marcada por violaciones graves de derechos humanos, inseguridad, corrupción e impunidad. En contextos similares, este enfoque ha sido clave para abordar conflictos armados y rupturas institucionales, como en Ruanda, Sudáfrica y varios países latinoamericanos. En Haití, la urgencia de justicia es evidente ante las masacres, el control de pandillas y la complicidad de actores estatales. Según el historiador Michel Soukar, “la justicia transicional no solo busca sanar las heridas del pasado, sino también establecer cimientos para una sociedad más equitativa”, un objetivo que resulta vital en el contexto haitiano.
Las comisiones de verdad han sido fundamentales en procesos de transición política en otros países y podrían desempeñar un rol crucial en Haití. Instituciones como la “Comisión de Verdad y Reconciliación” en Sudáfrica han permitido a las víctimas expresar sus experiencias, esclarecer crímenes y desmantelar sistemas de poder que perpetúan la impunidad. Soukar subraya que “estas comisiones son esenciales para romper con las estructuras que sostienen el caos”. En Haití, una comisión similar podría documentar las violaciones de derechos humanos y recomendar reformas estructurales para fortalecer el estado de derecho.
Sin embargo, la implementación de justicia transicional enfrenta obstáculos significativos en Haití, donde el sistema judicial carece de independencia y eficacia. En este contexto, mecanismos complementarios, como tribunales híbridos o internacionales, podrían ser necesarios para garantizar que los responsables enfrenten consecuencias. Procesos como los “Gacaca” en Ruanda o las Cámaras Extraordinarias en Camboya demuestran que estos enfoques pueden adaptarse a realidades complejas. En Haití, la justicia transicional también podría incluir iniciativas de reparación, rehabilitación y memoria histórica.
Para Haití, la justicia transicional representa una oportunidad no solo para abordar los crímenes del pasado, sino también para romper el ciclo de violencia e impunidad que mantiene al país en crisis. Como advirtió Soukar, “sin mecanismos efectivos y valientes, cualquier intento de justicia se convierte en una ilusión”. Ante el colapso institucional, este enfoque podría ser el primer paso hacia una reconciliación genuina y un futuro más justo y seguro para el pueblo haitiano.
