Tegucigalpa – En una investigación que sacude los cimientos del gobierno hondureño, el CNA ha revelado un presunto esquema de malversación de fondos públicos que involucra el uso irregular de más de 600 millones de lempiras en gastos de publicidad durante el período 2022-2024.
La denuncia, presentada este miércoles, señala graves irregularidades en el manejo de recursos provenientes de préstamos internacionales y donaciones del Banco Central.
La investigación destaca un incremento exponencial en los gastos publicitarios de la Secretaría de Planificación Estratégica, pasando de 1.8 millones de lempiras en 2022 a una cifra alarmante de 438 millones en 2024.
Entre las irregularidades detectadas destaca la contratación de empresas vinculadas a Venezuela sin los debidos procesos de licitación y transparencia.
Gabriela Castellanos, directora del CNA, afirmó que el caso «desmitifica la supuesta ausencia de corrupción en este gobierno». «Solo simpatizantes de Libre [partido oficialista] pueden creer que no hay abusos.
Hoy exponemos cómo se adulteran procesos para mover millones», declaró, criticando la resistencia de las instituciones a brindar información.
Por su parte, Luis Urbina, jefe de investigaciones del CNA, detalló que la SPE recibió 222 millones de lempiras en donaciones del Banco Central de Honduras (BCH) en 2023, fondos que se usaron discrecionalmente en publicidad.
Además, señaló que el exministro de Finanzas, Marlon Ochoa, y su sucesor, Christian Duarte, autorizaron traslados de 50 millones de lempiras desde partidas confidenciales para este fin.
La denuncia implica a varios funcionarios de alto nivel:
- Rixi Moncada (Ministra de Defensa)
- Christian Duarte (Ministro de Finanzas)
- Marlon Ochoa (Exministro de Finanzas)
- Ricardo Salgado (Ministro de Planificación Estratégica)
- María Eugenia Maradiaga y Rosy Jaqueline Díaz (funcionarias de Planificación Estratégica)
Las investigaciones revelaron que se utilizaron fondos de la partida de contingencia y donaciones del Banco Central de Honduras para financiar gastos publicitarios sin la debida justificación legal. En 2023, el BCH realizó 14 donaciones por más de 222 millones de lempiras, cuyos excedentes fueron destinados a publicidad sin los controles adecuados.
El CNA exige al Ministerio Público una investigación exhaustiva y señala la falta de transparencia en los procesos de contratación, incluyendo la ausencia de registros en Honducompras y el Instituto de Acceso a la Información Pública. La directora Castellanos ha solicitado que estas denuncias no queden en el olvido y se proceda conforme a derecho.
Claves del escándalo:
- Contrataciones directas y opacidad: La Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) habría ejecutado contratos directos por 438 millones de lempiras en 2024 sin licitaciones, evadiendo plataformas como Honducompras y sin justificación técnica.
- Préstamos desviados: Se modificó el uso de un crédito de 85.7 millones de lempiras del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) —destinado a mitigar la crisis de combustibles— para financiar propaganda gubernamental, sin autorización del organismo internacional.
- Empresas «fantasma» con vínculos en Venezuela: La SPE contrató a dos empresas con conexiones en Venezuela para estrategias comunicacionales, según el CNA.
Implicaciones políticas
La denuncia llega en un año electoral crítico: Rixi Moncada, una de las acusadas, aspira a la candidatura presidencial por el partido oficialista Libre.
El CNA exigió que el Ministerio Público investigue sin «prejuicios ideológicos» y advirtió sobre el riesgo de usar fondos públicos para «polarizar y levantar egos», en alusión a campañas políticas encubiertas.
El Ministerio Público deberá decidir si judicializa el caso, mientras el gobierno no ha emitido una respuesta oficial. El escándalo reaviva el debate sobre la transparencia en el uso de recursos, especialmente tras promesas de Castro de «refundar Honduras combatiendo la corrupción».
