Tegucigalpa – La decisión adoptada por la administración Trump de interrumpir la ayuda proporcionada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) está alterando el panorama de financiamiento para diversos proyectos en Honduras. Instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales se preparan para afrontar las consecuencias de esta medida, que afecta sectores críticos en el país.
Una fuente del Instituto de Conservación Forestal (ICF) informó que un proyecto programado para iniciarse en marzo se ha quedado en suspenso debido a que su ejecución dependía de fondos de la USAID. Aunque no se brindaron detalles adicionales por tratarse de información no autorizada, la posibilidad de reorientar el financiamiento a través de organismos como la Unión Europea se plantea como una alternativa.
En declaraciones recientes, el canciller hondureño Eduardo Enrique Reina señaló que el Gobierno de Xiomara Castro no se muestra preocupado por la interrupción de la ayuda, ya que la mayor parte de estos recursos se canaliza a organizaciones no gubernamentales y al sector privado. Sin embargo, Reina advirtió que algunas ONG, que tradicionalmente han recibido fondos de la USAID y que mantienen posturas críticas frente al actual gobierno, serán las más afectadas.
La afectación también se extiende a sectores vulnerables, de acuerdo con Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
En un comunicado, Reyes destacó que la suspensión de los programas financiados por la USAID repercutirá directamente en las víctimas de desplazamiento forzado interno, poniendo en riesgo la asistencia a niños, mujeres, migrantes retornados y colectivos de la comunidad LGTBIQ+. Además, explicó que algunos programas de apoyo a personas en riesgo, especialmente aquellas afectadas por la violencia y el desplazamiento, podrían verse interrumpidos, lo que agrava la situación de las comunidades más desprotegidas.
El contexto financiero también evidencia una drástica reducción en el apoyo económico: en 2023, la ayuda de la USAID ascendía a unos 144 millones de dólares, cifra que para 2024 se ha reducido a menos de 100 millones. Este recorte afecta no solo a proyectos sociales, sino también a iniciativas en materia de educación, salud, infraestructura y apoyo a pequeños emprendedores.
Otro sector que experimenta inquietud es el electoral. La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cosette López, confirmó que hace diez días se notificó la suspensión de la ayuda destinada a la institución. Entre los fondos afectados se encuentra el presupuesto para la contratación de un consultor tecnológico, pieza clave en la preparación de las elecciones primarias programadas para el 9 de marzo, además de recursos destinados al registro de custodios electorales. Esta medida podría complicar el proceso electoral de cara a las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre.
Asimismo, organismos como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) han sido receptores de fondos de la USAID. No obstante, la ASJ enfatizó que, dado que estos aportes representan apenas el 4 % de su presupuesto, sus proyectos podrían continuar sin mayores interrupciones.
La decisión de suspender el financiamiento de la USAID evidencia un cambio en la dinámica de cooperación internacional en Honduras, generando desafíos significativos para el desarrollo de proyectos sociales y electorales. Mientras las instituciones buscan alternativas de financiamiento, la expectativa es que organismos internacionales y otros aliados puedan cubrir, al menos en parte, el vacío dejado por estos recortes, garantizando la continuidad de la asistencia a los sectores más vulnerables del país.
