Trump había llamado “lunático” al juez y había pedido someterlo a juicio político (impeachment) para su destitución. En su declaración, del todo inusual, Roberts indica que la destitución de jueces federales “no es una respuesta adecuada” al desacuerdo con sus fallos. “Durante más de dos siglos, se ha establecido que la destitución no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial”, indica Roberts. “El proceso normal de revisión de apelaciones existe para ese propósito”, añade.
Por El País
El presidente del Supremo, un magistrado conservador elegido por George W. Bush, es la prudencia personificada y no suele intervenir en las disputas políticas, de modo que su declaración muestra la gravedad que atribuye a la situación.
En uno de sus mensajes en redes sociales repletos de mayúsculas, Trump había arremetido antes contra el juez federal del caso de las deportaciones: “Este juez lunático de la izquierda radical, un alborotador y agitador que fue tristemente nombrado por Barack Hussein Obama, no fue elegido presidente”, empezaba su diatriba, dando a entender que la victoria electoral le sitúa por encima de la obediencia a las leyes y los jueces.
“Solo estoy haciendo lo que los VOTANTES querían que hiciera. Este juez, como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, debería ser DESTITUIDO. NO QUEREMOS CRIMINALES VICIOSOS, VIOLENTOS Y DEMENCIADOS, MUCHOS DE ELLOS ASESINOS DESQUICIADOS, EN NUESTRO PAÍS. ¡¡¡HAGAMOS QUE ESTADOS UNIDOS VUELVA A SER GRANDE!!!”, terminaba el mensaje.
Roberts ya defendió en 2018 la independencia y profesionalidad de todos los jueces federales, al margen de quién los hubiese nombrado, después de que Trump arremetiese contra una decisión sobre su política de asilo tomada por lo que denominó “un juez de Obama”. “No tenemos jueces de Obama o jueces de Trump, jueces de Bush o jueces de Clinton. Lo que tenemos es un grupo extraordinario de jueces entregados que hacen todo lo posible para hacer lo correcto ante quienes comparecen ante ellos. Ese poder judicial independiente es algo por lo que todos deberíamos estar agradecidos”, escribió en un comunicado.
En su informe de cierre del año 2024, Roberts volvió a defender la independencia judicial, que, según dijo, está amenazada por la intimidación, la desinformación y la posibilidad de que cargos públicos desafíen las órdenes judiciales. También censuró a los cargos electos de cualquier color político que han “agitado el espectro del desprecio abierto a las resoluciones de los tribunales federales”. “Los intentos de intimidar a los jueces por sus resoluciones en los casos son inapropiados y deben ser combatidos enérgicamente. Los cargos públicos tienen ciertamente derecho a criticar la labor del poder judicial, pero deben ser conscientes de que la intemperancia en sus declaraciones cuando se trata de jueces puede provocar reacciones peligrosas por parte de otros”, dijo.
Los abogados del Departamento de Justicia tenían hasta este mediodía (17.00 horas en la España peninsular) para responder a las preguntas del magistrado Boasberg sobre los vuelos de los venezolanos deportados el sábado a El Salvador, pese a la prohibición que él había emitido ese mismo día. Esos traslados se organizaron al amparo de una proclamación de Trump que se acoge a una ley de 1798 pensada para tiempos de guerra y que autoriza al presidente a expulsar a extranjeros de una potencia enemiga que intente perpetrar una invasión. La citación se ha saldado con un nuevo plazo de 24 horas a los abogados del Estado para que aporten más detalles técnicos sobre los vuelos del sábado y sus rutas.
En una vista el lunes, convocada por Boasberg para establecer los momentos exactos del despegue y aterrizaje de los vuelos, y estudiar si la Administración estadounidense había incurrido en desacato al tribunal, los abogados del Gobierno evitaron contestar a las preguntas del magistrado. Casi al mismo tiempo, estos letrados solicitaban a un tribunal de apelación que se recusara al juez, nombrado por Obama y del que consideran que se está excediendo en sus competencias.
La controversia comenzó este sábado, cuando Trump invocó en su proclamación la ley de Enemigos Extranjeros para declarar, sin grandes pruebas sobre el terreno, que la banda delictiva venezolana Tren de Aragua trata de lanzar una guerra contra Estados Unidos. Su Gobierno alega que los deportados ese día son miembros de esa pandilla. Pero organizaciones pro derechos humanos interpusieron una demanda para bloquear su expulsión, y el juez Boasberg emitió a última hora del sábado por la tarde una orden que prohibía las deportaciones y exigía el regreso de los vuelos en caso de haber despegado.
Esos aviones no regresaron, sino que continuaron vuelo hacia Honduras y después hacia El Salvador, donde los deportados quedaron internados en la temida cárcel creada por el presidente Nayib Bukele para miembros de pandillas.
El caso amenaza con convertirse en un pulso constitucional entre el poder judicial, responsable de supervisar la legalidad de las acciones del Gobierno, y una Administración Trump convencida de que los poderes presidenciales son casi omnipotentes y no deben quedar sometidos a la supervisión de jueces díscolos. En la audiencia del lunes, el juez Boasberg, visiblemente frustrado, resumió así la posición de los abogados del Departamento de Justicia: “Nos importa un rábano, haremos lo que queramos”.
La posición de los abogados es una opinión extendida y compartida en los diversos estamentos de un Gobierno en el que sus miembros han sido escogidos, sobre todo, por su lealtad a Trump. El propio presidente es el primero en considerar que su autoridad es superior a la de cualquier otra institución, pese al sistema de equilibrio de poderes ―el ejecutivo, el legislativo y el judicial― que ha regido desde la independencia del país. En un comentario en Truth, su red social, calificaba a Boasberg de “agitador y camorrista”. También venía a sugerir que el hecho de haber ganado las elecciones presidenciales el año pasado y haberse impuesto en los siete Estados bisagra le otorga mayores competencias a él que a un juez para decidir si sus actos son legales.
La vehemencia con la que la Casa Blanca defiende su postura es similar a la que aplica en otros casos en los que los tribunales han puesto límites a sus decisiones, desde su intento de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento al despido de cientos de miles de funcionarios federales. Y apunta a que la oficina presidencial está dispuesta a atribuirse un poder casi ilimitado en este segundo mandato de Trump.
Al menos hasta las elecciones de medio mandato, cuando podrían cambiar las tornas en la intención de voto, el Partido Republicano, completamente dominado por el presidente, cuenta con la mayoría en las dos cámaras del Congreso. No parece que entre sus filas vaya a emerger un grupo de disidentes. La oposición demócrata se encuentra en plena travesía del desierto, dividida y tratando de encontrar una estrategia que sirva para hacer frente a su rival. Los votantes republicanos respaldan con entusiasmo las medidas de su presidente y jalean la mano dura de la Administración en las cuestiones migratorias.
“No nos vamos a doblegar, y nos hacemos responsables de las decisiones muy serias que estamos tomando”, declaraba la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en su rueda de prensa este lunes. “El presidente fue elegido con un mandato abrumador para lanzar la mayor deportación en la historia de Estados Unidos, y eso es exactamente lo que está haciendo”, añadía.
