Bruselas. – Artillería legal pesada para garantizar la producción europea de vacunas contra la Covid-19. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha pedido que se esgrima el artículo 122 del Tratado de la Unión Europea para poder imponer a las farmacéuticas medidas draconianas que garanticen el suministro de las dosis esperadas en cada país de la UE.
Los poderes excepcionales invocados podrían llegar hasta una intervención de las compañías para controlar su producción de vacunas u obligarles a producirlas en factorías de otros laboratorios. La Comisión Europea prefería conformarse con un control de las exportaciones, para evitar que las dosis salgan de la UE. Pero el Consejo, formado por los 27 gobiernos de la UE, reclama medidas mucho más duras.
El recurso a un artículo del tratado pensado solo para catástrofes naturales y crisis que escapan al control de un Estado revela la profunda preocupación y enfado que reina en las capitales europeas ante los fallos en la entrega de dosis protagonizados primero por Pfizer y después por AstraZeneca.
Fuentes europeas señalan que los poderes excepcionales permitirán imponer a las farmacéuticas medidas que garanticen el cumplimiento de los contratos suscritos con la Comisión.
En caso de que se repitan los fallos de suministro vividos en los primeros compases de las campañas de vacunación, Bruselas podría obligar a las farmacéuticas a subcontratar la producción a otras compañías, como ha hecho de forma voluntaria Pfizer con Sanofi. La norma que plantea el Consejo también permitiría obligar a los laboratorios a compartir sus conocimientos, liberando la propiedad intelectual de las vacunas. Y podría exigir la distribución de las vacunas a los Estados miembro a medida que se vayan fabricando, sin esperar a que reciban el aprobado de la Agencia Europea del Medicamento, tal y como se requiere ahora.
Las medidas podrían agravar la crisis diplomática y geoestratégica que ha empezado a producirse a raíz del inicio de las campañas de vacunación. La UE y el Reino Unido ya han tenido roces porque las vacunas de AstraZeneca fabricadas en las plantas de la compañía en suelo británico y reservadas, según Bruselas, para el mercado europeo no están disponibles a solo unas horas de que la Agencia europea del Medicamento apruebe su utilización.
Londres, previsiblemente, reaccionará con virulencia si se intenta controlar la producción y la propiedad intelectual de una compañía como AstraZeneca, radicada en el Reino Unido. Y Moderna, compañía de EEUU, es otra de las farmacéuticas que ha desarrollado una de las vacunas autorizadas y utilizadas en la UE.
Fuentes europeas señalan, sin embargo, que “los 27 líderes de Gobiernos de la UE han señalado una y otra vez que la vacuna es un bien público esencial”. Y señalan que la UE hará lo que sea necesario para que ese bien esté disponible como se había previsto y como se habían comprometido los laboratorios.
Michel propone el recurso al artículo 122 en una carta de respuesta a las quejas emitidas por escrito por cuatro primeros ministros (Austria, Croacia, Dinamarca y Grecia). El presidente del Consejo señala que si el diálogo con las farmacéuticas no soluciona los problemas de suministro “creo que deben explorarse todas las opciones y hacer uso de los instrumentos legales y de las medidas de aplicación que tenemos a nuestra disposición en los tratados”.
Desde el Consejo se recuerda que la elaboración de un Reglamento en base al artículo 122 para aplicar las drásticas medidas “no significa que haya que utilizarlo, pero queremos que esté disponible en caso de que fuera necesario”.
“Los gobiernos piden una reacción ante una situación cada vez más preocupante”, señala una fuente europea. La misma fuente asegura que para los socios europeos la actitud de las farmacéuticas resulta intolerable y, en alusión a Pfizer y AstraZeneca, recuerda que “una de ellas anunció de repente que suspendía la producción en una de sus plantas en Europa y otra que solo puede despachar la quinta parte de lo comprometido en su contrato de adquisición previa con la Comisión Europea”.
La indignación ante un fiasco que amenaza la credibilidad de las campañas de vacunación y que pone en peligro la inversión de cientos de millones de euros del presupuesto comunitario ha llevado al presidente del Consejo Europeo a reclamar una respuesta legal y política mucho más tajante de lo planteado hasta ahora por la Comisión.
El organismo comunitario tiene previsto presentar este viernes una norma que permitirá bloquear la exportación de vacunas fuera del territorio comunitario cuando se considere necesario para garantizar el suministro del continente. Pero la medida se queda muy corta respecto a lo que piden los 27 Gobiernos miembros del Consejo Europeo.
Bruselas presentará previsiblemente mañana este nuevo mecanismo de control de envíos de vacunas a terceros países con el que podrá frenar, llegado el caso, la exportación de viales, según han anunciado este jueves fuentes comunitarias.
El objetivo de este instrumento de “notificación y autorización”, del que la Comisión Europea ha adelantado algunos detalles y que equivaldría prácticamente a una licencia de exportación, será el de asegurar que las vacunas comprometidas por los acuerdos de compra anticipada con los laboratorios “se quedan en la UE”, según las fuentes citadas.
La medida, que se conocerá con más detalle este viernes, coincidiendo con la también inminente y esperada luz verde a la vacuna de AstraZeneca por parte de la Agencia Europea del Medicamento, llega una semana después de que la compañía farmacéutica anglo-sueca anunciara por sorpresa una reducción “masiva”, en palabras del Ejecutivo comunitario, de al menos 75 millones de las dosis comprometidas con la UE para el primer cuatrimestre.
El plan de la Comisión Europea, cuyos detalles finales aún se están redactando, obligará a toda aquella compañía que pretenda exportar vacunas de la Covid a enviar a las autoridades nacionales un documento extra a los que ya se usaban habitualmente en el comercio internacional, en el cual se especifique el contenido de lo que pretenden exportar, cuándo lo van a enviar, qué cantidades se exportan y quién es el destinatario. Las autoridades nacionales harán sus comprobaciones correspondientes y darán “una autorización o una denegación” a la exportación de las dosis en un plazo que se pretende inferior a 24 horas.
Las autoridades nacionales deberán compartir la información de las partidas con Bruselas, aunque el Ejecutivo comunitario aún no ha aclarado su rol exacto ni sus potestades. “Tendremos algo que decir”, han asegurado desde la Comisión, aunque sin aclarar el contenido exacto sobre quién tomará la decisión final de aceptar o rechazar la exportación de las vacunas (el Gobierno nacional o el Ejecutivo comunitario) y sobre los criterios específicos bajo los que se podrá vetar la salida del envío.
“Si vemos que hay incoherencias, que lo que debería quedarse en la Unión, según los acuerdos de compra anticipada, se dirigen a la exportación, esto nos permitiría intervenir”, ha asegurado una fuente conocedora del proyecto. La intervención implicaría retener las partidas y estas, según han avanzado desde la Comisión, “se quedarían en Europa y su distribución tendría lugar de acuerdo con el plan previsto (en los contratos)”.
El anuncio de la medida llega tras un intenso pulso entre Bruselas y la cúpula directiva del laboratorio AstraZeneca que ha ido creciendo a lo largo de la semana, con diferentes encuentros que no habrían contentado al Ejecutivo comunitario. La escalada verbal llegó a su clímax ayer cuando la Comisión reclamó las dosis que el laboratorio anglo-sueco pudiera haber fabricado en cualquiera de sus cuatro plantas europeas, incluidas las dos que se encuentran en territorio británico.
La UE firmó en agosto un acuerdo de compra anticipada con AstraZeneca para adquirir 300 millones de dosis, con opción sobre otros 100 millones. De estas, una cantidad cercana a los 100 millones, según la Comisión, debería haber sido puesta a disposición de los Estados miembro de la UE en el primer trimestre de este año.
El lunes de esta semana, ante la falta de claridad por parte de la farmacéutica sobre dónde podrían estar las dosis que esta habría acordado proporcionar a los Veintisiete, la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, anunció la puesta en marcha de un mecanismo de control de exportaciones, dando alas a las sospechas de que parte de la producción salida de las fábricas de AstraZeneca en territorio de la UE (una en Bélgica y otra en Alemania) podría estar siendo enviada a terceros países sin el conocimiento de Bruselas.
