Tegucigalpa.- En Honduras, en este momento, al menos mil 500 jóvenes están sujetos a medidas alternativas a la prisión o de rehabilitación, dictadas por los tribunales de justicia competentes y más de 437 están privados de libertad, situación que debe considerarse un logro, por cuanto son más los menores en situación de rehabilitación en busca de reinserción social.
Así lo manifestó el secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, Héctor Leonel Ayala, en el marco del foro internacional “Hacia la Construcción de un Modelo de Protección Integral para las y los Adolescentes en Conflicto con la Ley”, que se lleva a cabo en la capital de Honduras.
En sus palabras de participación en la instalación del evento internacional, Ayala, se refirió a la importancia de preservar la integración familiar para proteger a los niños y adolescentes, del riesgo de convertirse en menores en conflictos con la ley.
El secretario de Gobernación, agregó que el esfuerzo de seguir en la construcción de un modelo para proteger de forma integral a los menores en conflicto con la ley, es un reto permanente, “como Gobierno estamos avanzando con paso firme y el Instituto Nacional de Menores Infractores (INAMI), está haciendo su mayor esfuerzo en la implementación de programas de prevención, rehabilitación y reinserción social de los niños y niñas en conflicto con la ley”.
El funcionario puntualizó que actualmente, mil 500 jóvenes están bajo medidas alternativas a la prisión, o de rehabilitación, y 437 están privados de libertad, “lo que representa un logro, ya que son más los menores que están en rehabilitación en busca de la reinserción social”.
El evento contó con la participación conferencistas y expositores nacionales e internacionales, funcionarios públicos y representantes de Sociedad Civil, expertos en el campo de la justicia juvenil que orientan su labor profesional a la protección integral de la niñez, en conflicto con la ley.
Además, representantes de alto nivel y operadores de justicia del ámbito estatal y la cooperación externa, dejando evidenciada la articulación para el fortalecimiento de la institucionalidad hondureña en función de brindar calidad y calidez en los servicios de atención a la niñez, garantizando la restitución de sus derechos como sujetos sociales.
