Tegucigalpa – El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, dio a conocer que abogados nacionales e internacionales defenderán al Estado de Honduras contra la demanda de 10 mil 775 millones de dólares interpuesta por Próspera.
Este grupo propietario de una Zona de Empleo y Desarrollo Económico (Zede) en Roatán, Islas de la Bahía, solicitó un arbitraje al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) contra Honduras para “proteger” sus inversiones luego que el actual Congreso Nacional derogó dicho régimen fiscal especial.
En ese sentido, Barquero esgrimió que, “nosotros estuvimos abiertos al diálogo, lamentablemente nunca pudimos sentarnos directamente con los señores de Próspera mandaron intermediarios y nunca llegaron con la intención de conversar y llegar un acuerdo, sino de ponerles condiciones al gobierno”.
Afirmó que tienen “una defensa sólida”, no obstante, el proceso de demanda puede tomar hasta cinco años antes de una resolución por lo que anunció que el Estado sigue abierto a negociaciones.
El funcionario señaló que las otras dos Zede existentes en Honduras (Choluteca y Cortés) están en proceso de cambiar de régimen especial fiscal tras conversaciones sin condiciones entre ambas partes, algo que buscaron repetir con Próspera, pero estos se negaron por insistir en firmar un acuerdo de confidencialidad para negociar.
“Si no es posible (acuerdos) nosotros tenemos nuestro equipo de abogados listos para dirimir el conflicto en un arbitraje internacional”, sentenció.
Representantes de Próspera señalaron que la cifra mayor a los 10 mil millones de dólares equivale al dinero que dejarían de percibir los inversores durante los 50 años de estabilidad jurídica firmados con Honduras bajo la Ley Orgánica de las Zede.
Barquero señaló que es poco probable “casi nulo” que el Estado pague ese monto que representa casi el 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Por otra parte, el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, reconoció que el arbitraje no afecta el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (Cafta-DR), pero sí absorberá dinero del Estado y tiempo de funcionarios.
