Tegucigalpa – Debido a una demanda por suspensión de un contrato con la empresa estadounidense DRC INC, Honduras debe pagar 2,600 millones de lempiras, algo que según expertos fue por causa de negligencia de la Procuraduría General de la República (PGR) o abuso de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Y es que, según el pronunciamiento de la CSJ, la PGR nunca interpuso un recurso de apelación, por lo tanto, aceptó la demanda, mientras la defensoría del Estado asegura no haber sido notificado con una resolución.
Ante estos hechos, el abogado Félix Ávila la Procuraduría falló al no agotar las instancias disponibles para evitar el millonario pago.
«Lo dice el Poder Judicial, no interpuso los recursos correspondientes ante una situación como esa el juez (hondureño que conoce la causa) no puede suplir a la PGR, porque entonces es un delito», manifestó.
Por otra parte, la defensoría se excusa que en la audiencia de resolución su representante no compareció por problemas de salud justificados con constancia médica y el juzgado hizo caso omiso, algo que para el togado German Leitzelar pudo generar una «violación flagrante al legítimo derecho de defensa del Estado».
«Si la persona se excusó (la CSJ) tuvo que comprobar que la constancia es falsa para no darle el beneficio de la suspensión (de la audiencia)», explicó, pero no señalar esto fue una equivocación de la PGR
La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza es del pensar que la demanda contra el Estado tiene indicios de abusos del Juzgado de Letras Civil.
«Ese juez en particular ya desatendió órdenes emitidas por un Tribunal Superior, en otro caso está denunciado por prevaricato por la misma Procuraduría», arguyó.
Tras el paso del huracán Mitch, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), financió parte de la reconstrucción nacional y mediante una licitación pública internacional adjudicó a la empresa estadounidense DRC Inc., un contrato valorado en 19 millones de dólares para la ejecución de varias obras.
Dicha compañía subcontrató a la empresa hondureña Nacional de Ingenieros S.A. (NAINSA), pero la justicia norteamericana intervino el contrato por no estar permitida la subcontratación y envió a Honduras a fiscales especiales, quienes ordenaron no pagar la última obra pendiente de realizar.
En 2007, la empresa DRC INC. sometió al Estado de Honduras a un proceso arbitral ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), por supuestos daños y perjuicios que se le ocasionaron con la suspensión del contrato.
La empresa DRC INC. presentó una demanda contra Honduras en un Tribunal del Distrito Federal en Washington, Estados Unidos, con fundamento en un laudo arbitral internacional que dictó el Colegio de Abogados de Honduras (CAH).
En octubre de 2014, la Corte Federal en Washington dictó sentencia declarando que Honduras «no tiene obligación de pagar la deuda de USAID y que el Estado hondureño tiene inmunidad soberana».
Sin embargo, en 2020, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras condenó al Estado a pagar a Nainsa, 351.1 millones de lempiras por los supuestos daños y perjuicios y 42 millones de lempiras por honorarios profesionales.
El Poder Judicial aplicó el embargo de la cuenta de la Tesorería General de la República por dos mil 600 millones de lempiras, pero no se aclaró si dentro de este monto se encuentran los 351.1 millones por daños y perjuicio a Nainsa y los otros 42 millones por honorarios.
