Tegucigalpa – El empresario Murray P. Farmer, propietario de DRC Inc., empresa internacional que le ganó la demanda al Estado de Honduras, advirtió que continuará con las acciones que correspondan hasta lograr que el Estado hondureño honre la deuda que tiene con la compañía que él representa.
En ese sentido, en las últimas horas llegó al país y se apersonó hasta el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), junto a su apoderado legal, a fin de hacer una amplia investigación de su caso y proceder a otras instancias a exigir que se le pague la demanda.
Sin embargo, en un video difundido los últimos días, Murray advirtió que recurrirá a la justicia de su país para embargar la reserva de oro de Honduras para se le paguen dos mil 600 millones de lempiras que, vía demanda, ganó por la suspensión de un contrato de reconstrucción tras el paso del huracán Mitch en 1998 y que el gobierno hondureño se niega a cancelar.
“Mis derechos van a ser exigidos contra la reserva hondureña, voy por el oro hondureño”, dijo Murray en un video en su cuenta de Facebook.
En su alocución, Murray recordó que la sociedad DRC INC, tras el paso del meteoro, hizo distintas obras de 2000 a 2002 sin que el gobierno hondureño le cancelara el acuerdo.
DRC INC. demandó a Honduras ante la justicia civil y, tras 20 años de litigio, el Poder Judicial ordenó que se embargara la cuenta de la Tesorería General de la República por dos mil 600 millones de lempiras para hacer efectivo el pago, algo que el Ejecutivo aseguró que desacatará.
“Si no me pagan en Honduras, yo voy a ir a que me paguen allá (Estados Unidos); las consecuencias que vienen no son mi culpa, si se devalúa el lempira, es culpa de (la presidenta) Xiomara (Castro), no es culpa de Murray”, arguyó el inversionista.
Asimismo, aseguró que reaccionó sorprendido al escuchar a la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, indicar que el Estado hondureño no pagará la millonaria demanda.
“Me tiene totalmente sorprendido que salió un representante de Xiomara Castro diciendo que no me va a pagar nada. Xiomara (Castro), tú no eres ningún juez y aquí no termina esto, tengo 20 años de estar peleando y no me voy a rendir”, advirtió Farmer.
El viernes 3 de febrero la Secretaría de Finanzas y a (PGR) informaron mediante sus titulares, Rixi Moncada y Manuel Díaz, la notificación legal del embargo por parte del Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán.
Ambos funcionarios detallaron que entrarán en desacato y no cumplirán con la obligación en nombre del Estado denunciando “una red de corrupción público privada que opera utilizando el sector justicia”.
“Asumimos desde la Secretaría de Finanzas efectivamente nuestro deber patriótico de no entregar ni un tan solo lempira de la Caja Única del Tesoro para el pago de las redes de corrupción acostumbradas a asaltar al Estado utilizando al Poder Judicial”, denunció Moncada en la conferencia.
La sentencia fue dictada por un Juzgado de Letras Civil en virtud que la PGR no interpuso un recurso de apelación contra el fallo de primera instancia que ordena el millonario embargo.
La no interposición de la apelación le cerró el camino a la PGR para que procediera a interponer un recurso de reposición o en su defecto un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para frenar el embargo.
Fue en el gobierno de Carlos Flores en 1998 y mediante el Fondo Hondureño de Inversión Social (Fhis), que se ejecutaron la mayoría de obras del proyecto de la Reconstrucción Nacional y mediante licitación, le otorgaron un proyecto a DRC Inc., de Murray P. Farmer por un valor de 19 millones de dólares, según consta en documentos públicos.
DRC subcontrató en Honduras a Nacional de Ingenieros, pero por no estar permitidas las sub contrataciones, el contrato fue intervenido. En 2007 en el gobierno de Manuel Zelaya, DRC llevó al gobierno de Honduras a arbitraje en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), alegando daños por la intervención del contrato.
En 2009 mientras gobernaba Roberto Micheletti, el arbitraje fue trasladado a Colegio de Abogados, donde se condenó al Estado de Honduras a pagar a DRC los daños. Como no se ejecutó la demanda, DRC presentó la demanda en un Tribunal del Distrito Federal de Washington. D.C. y fue en 2014, en el gobierno de Juan Orlando Hernández que ese tribunal sentenció que Honduras no estaba obligada a pagar la deuda, según explicó el actual gobierno de Xiomara Castro.
Aunque hasta ahora no se ha publicado la sentencia de ese Tribunal en Washington D.C., el gobierno actual señaló que en 2020 la Corte Suprema de Justicia de Honduras condenó al Estado de Honduras a pagar a Nacional de Ingenieros 351.1 millones de lempiras y 42 millones más por honorarios profesionales.
Por tal razón en los últimos días la Corte Suprema de Justicia, ordenó embargar la cuenta del gobierno para que se haga efectiva de demanda a favor de DRC Inc., por el valor de dos mil 600 millones de lempiras.
