Tegucigalpa – El subdirector del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Christian Duarte, hizo fuertes declaraciones acusando al exministro de Desarrollo Económico (SDE), Pedro Barquero, de ser el vocero de un pequeño grupo de empresarios que se oponen al proyecto de Ley de Justicia Tributaria.
En sus declaraciones a los periodistas, Duarte señaló que este grupo de empresarios, aunque pequeño, es poderoso y nunca ha cumplido con sus obligaciones tributarias.
Además, afirmó que se oponen de manera total a la Ley de Justicia Tributaria sin ofrecer propuestas de reformas o mejoras. Incluso, según Duarte, promovieron campañas de desinformación afirmando que se perderían empleos y que las empresas abandonarían el país.
El subdirector del SAR recordó que la presidenta Xiomara Castro consideró este proyecto de ley como una de las más importantes de su administración, lo que llevó a la renuncia de Barquero.
Duarte expresó su confianza en que las bancadas del Partido Liberal, Partido Salvador de Honduras (PSH) y de Libre apoyarán este proyecto de ley, ya que su objetivo es combatir la corrupción.
Además, enfatizó que las 10 familias más adineradas del país apenas pagan 0.03 lempiras en impuestos, mientras que cualquier ciudadano común paga más impuesto al comprar un refresco o un churro, haciendo una ironía sobre la situación.
Por su parte, el exministro de SDE, Pedro Barquero, respondió afirmando que quienes se verán afectados por la Ley de Justicia Tributaria son la población en general y no los empresarios.
Barquero argumentó que los empresarios tienen la capacidad de establecer sus negocios en cualquier lugar y que, si el gobierno insiste en apoyar esta ley, sería la población la que sufriría las consecuencias.
Barquero aclaró que fue vocero de la empresa privada cuando estuvo en la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) y que los ataques personales en su contra son irrelevantes. Lo que realmente le preocupa es que las políticas públicas afecten al pueblo hondureño, dificultándole las oportunidades de empleo.
Estas discrepancias en torno a la Ley de Justicia Tributaria reflejan la complejidad y los intereses encontrados que existen en el ámbito empresarial y político de Honduras.
Mientras unos argumentan la necesidad de implementar medidas más justas en materia tributaria para combatir la corrupción, otros advierten sobre las posibles consecuencias negativas que podría tener esta legislación en la economía y el empleo del país. La discusión continúa en medio de un ambiente de tensiones y debates sobre el futuro de la política tributaria en Honduras.
