Tegucigalpa – Rafael Canales, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), ha expresado su preocupación por la elección del próximo Fiscal General de la República y ha enfatizado la necesidad de que dicha figura no tenga conflictos de interés.
Según Canales, el proceso de selección debe basarse en la meritocracia y no en favoritismos, ya que de lo contrario se convertiría en una burla.
En opinión de Canales, el candidato elegido para ocupar el cargo de Fiscal General debe poseer una trayectoria profesional y académica destacada, así como demostrar objetividad, imparcialidad e intereses genuinos por el bienestar de Honduras.
Considera que el proceso de selección no debe estar predeterminado, ya que esto socavaría la transparencia y la legitimidad del mismo.
El presidente del CAH también planteó la importancia de que el Fiscal General sea alguien con experiencia en el campo de la fiscalía, argumentando que contar con los conocimientos y la experiencia necesaria es fundamental para el desempeño efectivo del cargo.
Rafael Canales ha sido crítico en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales por parte de los candidatos, citando el caso de Sobeyda Andino, quien, según él, no cumplía con el requisito de tener al menos 10 años de experiencia profesional.
También ha señalado la participación de algunos candidatos en la Junta Nominadora, alegando que esto contradice lo establecido por la ley.
El presidente del CAH ha rechazado las críticas que ha recibido, argumentando que su postura se basa en el cumplimiento de la ley y no en chismes infundados.
Ha destacado la importancia de la independencia y la valentía al expresar sus opiniones, incluso cuando en el pasado se le criticaba por su silencio ante situaciones similares.
En conclusión, Rafael Canales espera que el proceso de selección y elección del próximo Fiscal General de la República mejore y se base en la meritocracia, lo cual sería beneficioso para el sistema de justicia en el país.
Su llamado es a garantizar la transparencia y la imparcialidad en el proceso, evitando cualquier conflicto de interés y asegurando que la figura del Fiscal General esté realmente comprometida con el cumplimiento de la ley y la justicia en Honduras.
