Tegucigalpa – Investigadores de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) realizan este martes un allanamiento en las oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE) como parte de las diligencias iniciadas por el Ministerio Público tras el caótico desarrollo de las elecciones primarias del domingo.
Los agentes están revisando minuciosamente la documentación relacionada con los contratos de servicios de transporte para el traslado del material electoral, buscando evidencias que expliquen los graves retrasos en la entrega de maletas electorales a las Juntas Receptoras de Votos (JRV) durante los comicios.
Este procedimiento investigativo se produce en medio de una creciente presión ciudadana por establecer responsabilidades sobre lo que ha sido calificado como uno de los procesos electorales más desorganizados en la historia reciente de Honduras. Numerosos centros de votación recibieron el material electoral hasta cerca de las 10:00 de la noche, cuando la legislación establece que las urnas deben abrirse a las 7:00 de la mañana.
A pesar de estos graves contratiempos, la intervención destaca la notable resiliencia mostrada por los ciudadanos hondureños, quienes esperaron pacientemente durante horas en los centros de votación, demostrando un fervor cívico que, según observadores, «salvó el proceso electoral».
En paralelo a este allanamiento, el general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, compareció hoy ante fiscales del Ministerio Público como «persona de interés» en el marco de la investigación. Las Fuerzas Armadas han sido señaladas por su papel en la distribución del material electoral, responsabilidad que la institución castrense compartía con el CNE.
El fiscal general, Johel Zelaya, ha reiterado su compromiso de investigar exhaustivamente lo ocurrido: «Deben tener la certeza de que investigaremos a fondo cualquier anomalía. Les reitero mi compromiso de llevar ante la justicia a quienes hayan intentado dañar este proceso», manifestó.
Las investigaciones continúan desarrollándose mientras diversos sectores, incluyendo al exfiscal Edmundo Orellana, han pedido la renuncia de los altos funcionarios responsables de la organización electoral, argumentando que la confianza ciudadana está seriamente quebrantada de cara a las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025.
