Tegucigalpa – En un suceso alarmante que sacudió nuevamente a la comunidad de Tela, Atlántida, 14 jóvenes fueron reportados como desaparecidos desde hace una semana, según denuncias de sus angustiados familiares de la aldea Crique Las Marías.
Estos jóvenes, todos trabajadores locales en labores agrícolas, fueron presuntamente secuestrados por hombres armados vestidos de militares.
La noticia de esta desaparición colectiva llega casi cuatro años después del infame secuestro de cinco líderes garífunas en la misma región, un caso que sigue sin resolver y que continúa resonando en la memoria de la comunidad.
Las personas reportadas como desaparecidas son Omar Escobar, Vanessa Hernández, Carlos Martínez, Miguel Molina, Eduardo Molina, Isaías Guzmán, Lucio Corea, Greysi Hernández, Mirian Hernández, Damaris Bardales, Alberto Bardales, y Elvin Hernández. Además, se incluyen dos adolescentes cuyos nombres no han sido revelados.
Los familiares de los desaparecidos expresaron su profunda preocupación y desesperación ante la aparente inacción de las autoridades locales y nacionales frente a esta nueva tragedia.
El director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy, sugirió que el secuestro podría estar relacionado con el narcotráfico y otros crímenes, aunque no proporcionó detalles específicos.
Mencionó que se está llevando a cabo una operación intensa con 500 efectivos policiales en la zona, utilizando drones y helicópteros, dado que la accesibilidad por tierra es limitada y requiere largas caminatas.
Por su parte, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández Aguilar, aseguró que los perpetradores vestidos de militares no pertenecen a las FFAA, destacando que los delincuentes frecuentemente usan uniformes militares para realizar actos criminales y evadir la justicia.
Reiteró que las FFAA están colaborando con la Policía Nacional Antisecuestros para resolver el caso y dar con el paradero de los jóvenes.
La comunidad de Tela, especialmente impactada por este evento, ha visto cómo más de 100 personas han decidido abandonar sus hogares por miedo a más violencia.
Este incidente subraya una vez más la vulnerabilidad de las comunidades rurales hondureñas ante el crimen organizado y la impotencia de las autoridades para ofrecer seguridad y justicia.
