Tegucigalpa. – El acuerdo, que consta de 35 artículos y fue elaborado por la Maestría en Derecho Penal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), reemplazaría la orden de acuerdo de extradición que el poder judicial había aprobado anteriormente.
Los puntos principales de la propuesta incluyen las circunstancias en las que no se permitiría la extradición, como cuando el delito por el cual la nación requirente pide un hondureño también involucre al Estado de Honduras.
Del mismo modo, si el sujeto de la solicitud ya se encuentra en libertad después de haber sido declarado no culpable o ya se encuentra cumpliendo condena por el mismo delito en Honduras.
Tampoco cuando el hecho alegado no constituya delito conforme a las leyes hondureñas.
También habrá una excepción si el ordenamiento jurídico del Estado requerido considera que el delito es político, relacionado con un delito común o un delito contra las fuerzas armadas.
Cuando los delitos por los que se solicita la extradición conllevan la posibilidad de pena de muerte o pena corporal, no puede proceder la extradición.
El proyecto de ley aborda una serie de temas, incluyendo cómo procederán las audiencias y qué documentación debe proporcionar el Estado requirente al Poder Judicial de Honduras.
También enfatiza cómo el Estado requirente designará un representante legal, cómo se desarrollará el procedimiento de audiencia de pruebas, cómo se darán a conocer las resoluciones y cómo se interpondrán los recursos.
Las extradiciones que son tanto activas como pasivas se discuten en el borrador que ha proporcionado la UNAH.
La extradición pasiva implica que un ciudadano hondureño es requerido por otro Estado por las mismas razones que en el primer supuesto, a saber, para enfrentar un proceso judicial en el Estado requirente. El primer escenario sugiere que el Estado hondureño solicita a una persona de otro Estado para someterse a la justicia nacional.
El proyecto de ley de extradición, que fue elaborado por estudiantes de la UNAH de la maestría en derecho penal y procesal penal, ha sido enviado al Congreso Nacional como lo exigen las normas académicas. El coordinador de la maestría, Odir Fernández, afirmó que nuestro equipo de profesores está listo para ayudar en lo que se necesite.
Fernández reafirmó que el objetivo de esta ley es impedir que la Corte Suprema de Justicia pueda revocar en cualquier momento la orden de extradición acordada.
La necesidad de una ley de extradición y su aprobación han sido tema de discusión recientemente en la esfera pública.
Según algunos sectores, la orden de extradición previamente acordada es suficiente para seguir adelante con este proceso, en el que el Estado hondureño traslada a un ciudadano a otro Estado que lo necesita para la realización de delitos relacionados con la delincuencia organizada, narcotráfico o terrorismo.
Otros abogados creen que se requiere una ley de extradición que establezca las reglas de los procesos que se deben seguir desde que se realiza la extradición. se hace la solicitud hasta que el sujeto sea devuelto al Estado que hizo la solicitud.
Un hondureño no puede ser expatriado, según el artículo 102 de la Constitución de la República.
Pero luego de que el Congreso Nacional implementara una reforma en 2012, se decidió que ahora un ciudadano puede ser entregado a un gobierno extranjero si existe una conexión comercial con el terrorismo, el crimen organizado o el narcotráfico.
Estados Unidos y Honduras también tienen un acuerdo de extradición.
36 personas han sido extraditadas al país en América del Norte desde que se aprobó la orden de extradición el 11 de febrero de 2013, incluido el expresidente Juan Orlando Hernández, quien está imputado por delitos de narcotráfico por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
La Corte Suprema de Justicia anunció el 1 de marzo de 2023 que conocería 32 solicitudes de extradición.
Los magistrados que conocerán estos casos fueron elegidos ese mismo día por Rebeca Ráquel, nueva presidenta de la CSJ.
