Tegucigalpa. – El Congreso Nacional, presidido por el diputado Luis Redondo, aprobó en las últimas horas un decreto de amnistía para varios delitos a favor de perseguidos políticos.
La aprobación de la amnistía ha levantado el cuestionamiento de varios sectores por considerar que se trataría de un nuevo “pacto de impunidad”.
La iniciativa fue introducida por el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé y abarcaría un conjunto de normas en materia penal y política.
Tomé aseveró que no existe un pacto de impunidad con la aprobación de la Amnistía para los Presos Políticos y Reconocimiento a los Mártires y Condena al Golpe de Estado en 2009.
El parlamentario indicó que el tema de la amnistía es muy claro, la Constitución de la República dice a quienes se aplica este derecho, estamos hablando de los delitos que tienen connotación política, siempre tiene que haber una calificación para que estos casos sean motivados políticamente.
Señaló que el beneficio aprobado abarca a los exfuncionarios del gobierno del expresidente Manuel Zelaya, desde el 2006 al 2009, fecha en que ocurrió el golpe de Estado en Honduras.
El segundo supuesto tiene que ver con las personas perseguidas por protestar en el marco de la crisis política debido a la desobediencia civil y que fueron criminalizadas.
Al respecto, el director de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, declaró este jueves que desde la empresa privada no ven con agrado las amnistías porque no abonan a construir democracia.
Facussé consideró que está bien el querer condenar el proceso del golpe de Estado de 2009, pero debe ser buscando la verdadera reconciliación.
“Si al final todo lo vamos a resolver con amnistías nunca vamos a cumplir con las metas que tenemos para aplicar la justicia para combatir la corrupción para combatir la impunidad qué tanto nos afecta”, dijo.
En ese sentido, señaló que cada quien tiene que empezar a asumir sus responsabilidades, por eso se hace un llamado a la reflexión, para no seguir actuando de la misma manera.
“También si se hacen un proceso de estos debe de ser con una mayoría amplia con el consenso de todos los partidos de todas las bancadas para que realmente pensemos una reconciliación y en un perdón de los actos que se han cometido, pero no puede ser que sigamos emitiendo amnistías de cualquier tipo en forma unilateral o en forma partidarias”, agregó.
El presidente de la CCIC insistió en que todos los ciudadanos deben asumir las responsabilidades que les corresponden y tratar de que el Estado de derecho funcione.
“Si hay que hacer ajustes pues hagámoslos, pero no a través de estos instrumentos que al final son cuestionables y no nos ayudan realmente a reparar la frágil democracia que tenemos”, concluyó.
De lado del Partido Nacional, la diputada Merary Díaz Molina, reprochó que tal aprobación sería para cubrir los supuestos actos ilegales los de actuales diputados del CN.
“No se puede bajo un pacto de impunidad cubrir todos aquellos delitos que se cometieron bajo el amparo del año 2006-2009 y quedar hoy bajo ese amparo en libertad”, criticó.
La congresista señaló Rasel Tomé tiene una sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“No podemos obviar u olvidar también la carretilla, este acto que se cometió y que el pueblo se dio cuenta y querer hoy venir bajo este pacto de amnistía cubrir estos delitos. Esto es para el pueblo hondureño una bofetada, no se puede bajo el populismo tapar los actos que se cometieron”, arremetió.
Además, insistió en que todas las aprobaciones del Legislativo que preside Luis Redondo son ilegales.
Iniciativa amplia y genérica
Para el analista Rodolfo Dumas, es “preocupante” como un gobierno que llegó con el discurso anticorrupción al poder, esté aprobando estas iniciativas.
“Preocupa que estamos ante un gobierno con un discurso claramente anticorrupción y que ha manifestado un compromiso serio en la lucha contra el flagelo, pero que comience su administración con ese tipo de iniciativas tan amplias y genéricas”, declaró.
El profesional del derecho fue enfático al decir que “la lucha contra la corrupción tiene que ser sin cuartel”.
Por su parte, el asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Gustavo Solórzano, indicó que el decreto de amnistía podría estar abarcando un rosario de delitos que no son políticos.
“Lamentamos ese tipo de actuaciones que se están dando dentro del Congreso Nacional por un grupo de diputados”, dijo.
“Un grupo de diputados sesionó el día de ayer y tomó la decisión de aprobar un decreto de amnistía para un rosario de delitos que nada tiene que ver con delitos políticos”, lamentó
En tanto, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Rafael Medina, sugirió a los diputados reformular el decreto de amnistía para presos políticos.
Medina comentó que el Congreso Nacional tiene la potestad de proponer y aprobar estas amnistías, pero deben ser dadas a personas acusadas por cuestiones estrictamente políticas.
“Creo que, así como quedó redactado el decreto, personas que pertenecen a grupos irregulares de la sociedad pueden ser beneficiadas y eso no es correcto”, opinó.Por otro lado, el diputado de la Comisión Dictaminadora, Rafael Sarmiento, defendió que el asunto de la amnistía “es un componente de una ley que abarca tres grupos vulnerables del país”.
Sarmiento desglosó que la amnistía contempla a defensores del medioambiente, presos por motivaciones políticas y las personas que se llamaron a la insurrección popular por los hechos cometidos en 2009.
“Creemos que este proyecto de ley sobre amnistía coadyuvará para la reconciliación nacional, la paz y la justicia del país”, resaltó.
