Tegucigalpa – Junto a los líderes de otras autoridades del Estado y organismos de seguridad, la Presidenta de la República, Xiomara Castro, presidió este viernes la sesión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, donde se dieron pasos significativos para combatir la delincuencia y desarrollar el Plan Nacional: “SOLUCIÓN CONTRA EL CRIMEN».
Al respecto, los miembros del Consejo de Defensa y Seguridad informaron que, entre otras acciones, se prorrogó el estado de emergencia por seis meses más y que las cámaras de seguridad del 911 estarían operativas dentro de un mes de la reunión.
Según lo informado, la presidenta Xiomara Castro prorrogó la PCM-10-2023, que ordenaba la suspensión de amparos constitucionales, por seis meses a partir del 20 de febrero de este año.
De igual forma, el Secretario de Seguridad se responsabiliza por sectores geográficos, y el Secretario de Defensa es designado como “colaborador efectivo” en la misma área.
Colón, Olancho, El Paraso y Gracias a Dios verán un aumento en las medidas de seguridad.
La Secretaría de la Defensa Nacional supervisará los operativos de seguridad en los departamentos de Atlántida, Yoro y Copán a través de la Policía Militar de Orden Público.
El Instituto Nacional Penitenciario (INP) y las fuerzas armadas trabajarán en conjunto para habilitar batallones como centros de detención de emergencia.
Al igual que otras medidas adoptadas, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se comprometió a designar jueces con jurisdicción nacional para dar seguimiento efectivo y oportuno a las actuaciones de las fuerzas de seguridad de conformidad con el Plan Nacional de Solución del Delito.
El Ministerio Público también designará fiscales para vigilar la ejecución del plan por parte de los organismos de seguridad del Estado.
Por otra parte, el presidente Castró emitirá una orden de emergencia para el funcionamiento de los equipos técnicos y operativos, reconstrucción, reforma y equipamiento de los establecimientos penitenciarios de máxima seguridad en cualquier lugar del territorio hondureño.
La séptima medida ordena a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), en colaboración con la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), prohibir la compra y venta de sim-cards (chip) para teléfonos móviles sin un estricto registro e identificación de los comparadores. Las empresas telefónicas autorizadas para operar en el país son responsables y sancionables en caso de incumplimiento.
La Dirección Nacional de Inteligencia se ha dado a la tarea de desarrollar un programa de análisis criminal con la asistencia del poder judicial, el ministerio público, el secretario de defensa y el secretario de seguridad para recopilar y sistematizar todos los datos disponibles sobre denuncias, investigaciones, arrestos, órdenes de aprehensión, requerimientos fiscales y sentencias de manera ordenada y científica con el objetivo de identificar a las personas con mayor incidencia en las comisionesi.
Y finalmente, se estableció un protocolo policial para atender el tema de los apoderamientos de la vía pública de libre tránsito, así como como la injerencia ilegal en el funcionamiento del Estado y la obstrucción del orden público, anunciando de conformidad con la ley los procedimientos para solicitar el cese de las tomas y actuaciones ilegales, poniendo a los responsables bajo el mando del MP, y garantizando la libre circulación de las personas.
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