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Assasinación de la Condena de la ONU del Defensor Ambiental Hondureño

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Assasinación de la Condena de la ONU del Defensor Ambiental Hondureño

El miércoles, Isabel Albaladejo, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Honduras, instó a las autoridades de este país a investigar la muerte del líder indígena tolupan Selvin Mejía, quien fue asesinado a balazos y cuyo cuerpo fue encontrado en Morazán Municipio el 22 de enero.

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Desde 2014, MEJIA había estado tratando de recuperar tierras ancestrales tolupan a través del amplio movimiento para la dignidad y la justicia (MADJ). Algunos días antes de su asesinato, organizó acciones para defender los derechos indígenas sobre las tierras contra los planes de bosques forestales.

Según la información publicada por el ACNUDH, el asesinato de MEJIA es el tercero contra un defensor de los derechos humanos y ambientales en Honduras en la medida en 2022. Otros diez líderes sociales fueron asesinados violentamente en 2021.

Una de las primeras reacciones frente a este magnicidio político provino de Olivia Zúñiga, hija de la ambientalista Bertha Cáceres, quien también fue asesinada por defender territorios indígenas en 2016. “Solidaridad con los compañeros del Movimiento Amplio. Me uno al grito de justicia”. Ella tuiteó.

Actualmente, el Pueblo Indígena Tolupan está conformado por unas 20.000 personas distribuidas en 28 comunidades que se ubican en el departamento de Yoro. Históricamente, se han dedicado a la agricultura. Fue así como construyeron una relación cercana con la naturaleza y desarrollaron un sentido de responsabilidad y cuidado por el trato que deben recibir los bienes naturales.

En los últimos años, muchos miembros de este pueblo indígena se han opuesto a compañías de madera y minería interesadas en el territorio de Tolupan, que ha provocado protestas y disputas internas. Hasta ahora, Madj ha registrado 10 asesinatos vinculados a estos conflictos.

Según el testigo global, más de 120 defensores ambientales han muerto en Honduras desde 2010. Las víctimas eran personas comunes que tomaron una posición contra represas, minas o iniciando sesión en su territorio. Fueron asesinados por fuerzas estatales, guardias de seguridad o asesinos contratados.

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