Tegucigalpa – En el marco de una audiencia inicial, el coronel Rodimiro Arita y el abogado Luis Antonio Rodríguez Alvarado enfrentan acusaciones por presuntos delitos de lavado de activos y violación de los deberes de funcionarios. La sesión judicial está programada para las 9:00 de la mañana en los juzgados especializados en Corrupción, donde se espera que se diluciden las imputaciones en su contra.
El coronel Rodimiro Arita se encuentra bajo escrutinio por su presunta participación en actividades relacionadas con el lavado de activos y violación de deberes oficiales. Estos cargos han generado un interés significativo en la opinión pública, ya que involucran a un funcionario de alto rango en el ámbito penitenciario.
Por su parte, el abogado Luis Antonio Rodríguez Alvarado, quien ostenta el cargo de asesor penitenciario, también enfrenta acusaciones en relación con la supuesta conspiración para introducir casi medio millón de lempiras en el centro penitenciario. Esta situación ha generado debates sobre la presunta participación de Rodríguez Alvarado en actividades ilícitas vinculadas al sistema penitenciario.
En cuanto a la detención de Diana Gissela Zelaya Banegas, abogada involucrada en la entrega de 445 mil lempiras al director de “La Tolva”, Rodimiro Arita, su comparecencia en la audiencia de imputados resultó en la determinación de detención judicial. Esta última detención se suma a la complejidad del caso, ya que se busca esclarecer la conexión entre los fondos entregados y su destino final.
Los defensores argumentan que los 445 mil lempiras provienen de familiares de los 1,743 reclusos, destinados a celebrar las festividades de Navidad y Año Nuevo. Sostienen que el dinero estaba destinado a la compra de cenas para los días 24 y 31 de diciembre, calculando una asignación de 120 lempiras por cada privado de libertad.
Este proceso legal no solo destaca la gravedad de las acusaciones, sino que también plantea interrogantes sobre la gestión de fondos dentro del sistema penitenciario y la presunta connivencia de funcionarios de alto nivel en actividades ilícitas. La audiencia inicial se presenta como un paso crucial para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los implicados en este caso que ha capturado la atención pública.
