Tegucigalpa – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó un informe detallado este martes, analizando el impacto del plan de tratamiento contra la extorsión y la declaración del estado de excepción en Honduras, un año después de su implementación en el país.
Según los resultados recopilados por la ASJ, la extorsión ha alcanzado su nivel más alto en los últimos cinco años, afectando al 11 por ciento de los hondureños en 2023. A pesar de que el diseño del plan fue considerado positivo, la implementación ha sido notablemente débil, con solo tres de las 30 acciones planificadas llevadas a cabo.
El estudio revela que, aunque la modalidad de extorsión mediante el cobro en efectivo ha disminuido de mayo a noviembre, otros métodos como las transferencias bancarias y las billeteras electrónicas han experimentado un aumento significativo.
Carlos Hernández, director de la ASJ, señaló que el crimen en el país ha evolucionado, destacando el incremento en el uso de plataformas electrónicas y transferencias para el cobro de extorsiones. Además, resaltó que este fenómeno ya no se limita a las grandes ciudades, extendiéndose a departamentos como Valle, La Paz y Colón, donde anteriormente no se registraban casos.
Hernández instó a las autoridades a no cuestionar el informe, sino a realizar ajustes necesarios para fortalecer la seguridad y la eficacia en la lucha contra la extorsión en beneficio de la ciudadanía hondureña.
El informe evalúa los resultados del plan lanzado por el gobierno de Xiomara Castro el 24 de noviembre de 2022, subrayando que, aunque hubo fluctuaciones en los niveles de extorsión desde 2018, la cifra ha experimentado un aumento preocupante en noviembre de 2023, alcanzando el 11.1 por ciento de victimización en varias regiones del país.
