Tegucigalpa – Un juez hondureño que conoce la causa dictó un auto de formal procesamiento con arresto domiciliario para los cinco exdiputados acusados de malversación de caudales públicos en el caso “Red de Diputados”.
“Juez Natural Designado en resolución de Audiencia Inicial dicta Auto de Formal Procesamiento contra 6 imputados de Malversación de Caudales Públicos y les dicta Arresto Domiciliario, entre ellos el diputado al Parlamento Centroamericano Augusto Cruz Asencio”, confirmó el Poder Judicial en Twitter.
En su resolución el juez dictó sobreseimiento provisional para Geovany Castellanos Deras ya que no se acreditó su participación en el delito y se solicitó sobreseimiento definitivo a José Panchamé Banegas, en virtud de su fallecimiento, mismo que fue otorgado, agregó la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Como se recordará, el caso Red de Diputados fue presentado por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y luego fue reactivado por los tribunales de justicia.
Según la investigación presentada por la MACCIH, cinco exdiputados se apropiaron ilegalmente de fondos públicos destinados a proyectos sociales que fueron desviados para uso personal.
Los imputados se valieron de una ONG que recibía fondos para proyectos sociales de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional.
Los exdiputados solicitaban fondos al Poder Ejecutivo, estos eran entregados a la ONG, la cual enviaba los fondos públicos a los propios diputados.
El informe de la investigación detalla que los implicados habrían recibido 15 cheques directamente desde la cuenta de la ONG, Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (Anpibch), ente que recibió varias transferencias desde la Secretaría de Finanzas por tres mil 300 millones de lempiras en 2015. En total se trasladó a dicha ONG ocho mil 300 millones, incluyendo fondos del Congreso.
Los fiscales e investigadores han seguido la ruta del dinero y se ha comprobado que los recursos públicos fueron desviados hacia los exdiputados, quienes no tenían ninguna autorización para recibir esos fondos, con lo que se habría perfeccionado el delito de malversación de caudales públicos.
