Tegucigalpa – La confrontación política en torno a la elección del Fiscal General del país ha alcanzado un punto crítico, como quedó claro en las recientes declaraciones de la bancada del Partido Nacional.
Durante una reunión de alto nivel entre el jefe de la bancada, Tomás Zambrano, y la junta directiva del Congreso Nacional, se han revelado preocupaciones alarmantes. Zambrano no ha dudado en denunciar públicamente la presunta intención de la junta directiva de declarar un estado de emergencia en el Ministerio Público.
Según las afirmaciones de Zambrano, la junta directiva está presionando para reemplazar a las actuales autoridades del Ministerio Público utilizando argumentos legales cuestionables. Esta estrategia, de acuerdo con el líder de la bancada, es una clara amenaza para la estabilidad institucional y una maniobra para debilitar al Ministerio Público.
La frustración y la desconfianza se han exacerbado aún más debido a la falta de convocatoria para la sesión legislativa que estaba programada para hoy. Zambrano ha criticado fuertemente a la oposición, acusándolos de incumplir sus promesas y de engañar a la población. Además, se ha revelado una carta con 43 firmas de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) para convocar a una sesión extraordinaria basada en el artículo 190 de la Constitución de la República.
Por otro lado, el subjefe de la bancada, Nelson Márquez, ha expresado su descontento con la falta de diálogo constructivo y la incapacidad de la junta directiva para llegar a acuerdos en la elección del Fiscal General. Márquez ha cuestionado la metodología de trabajo de la junta directiva y ha sugerido que el oficialismo está siendo influenciado por fuerzas externas de la «izquierda radical de Latinoamérica».
La incertidumbre en torno a la integridad y la independencia del Ministerio Público ha dejado al país en un estado de preocupación y tensión, mientras los actores políticos continúan su lucha por el control y la influencia en el sistema judicial.
