Tegucigalpa. – El exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, alegó este lunes en la conclusión del juicio oral por el caso de los hospitales móviles, y donde el Ministerio Público espera concretar la culpabilidad de los imputados.
Inicialmente, Bográn defendió que la Ley de Contratación del Estado no es aplicable para Invest-H, debido al decreto legislativo 16-2017, el cual señala que todo proyecto con fondos nacionales o externos se ejecutará a la guía de adquisiciones.
Consecuentemente, explicó que la guía tiene dos secciones separadas relacionadas con la contratación directa, la primera exige que la contratación directa sea el último método de adquisición de hoja excepcional.
El exfuncionario indicó que entre los supuestos están que solo un proveedor tenga un producto especializado y los desastres naturales o cualquier otra situación parecida como calamidad, guerras, huracanas o en este caso, una pandemia mundial.
Bográn aseguró que desde Invest-H tenían el objetivo de salvar vidas durante la pandemia. Además, contó que él, junto a Alex Moraes, se contagió de Covid-19 en algún momento de sus funciones.
Según el imputado, los alegatos del Ministerio Público de que él, con Alex Moraes y Axel López (el proveedor) quisieron defraudar al Estado con la compra de los hospitales móviles no tienen sentido, porque cómo ellos de la noche a la mañana, habiendo una pandemia en el mundo, iban a querer defraudar al Estado de Honduras solo por dañarlo y sin ningún beneficio propio.
¿Por qué voy a defraudar el Estado de Honduras con más de 20 millones de dólares para arriesgar la vida de mi padre de 83 años y de mi madre de 67?, cuestionó.
Bográn insistió en que no tiene sentido la tesis jurídica de la Fiscalía y el proceso judicial en su contra lo calificó como una “cacería de sabuesos” por parte del Ministerio Público.
En ese sentido, acusó a la Fiscalía de ser objeto de disfamación, desprestigio, destrucción de imagen, honor, nombre y privacidad de familiares.
El imputado comentó que las exfuncionarias de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Rocío Tábora (exministra), Roxana Rodríguez (ex viceministra del Presupuesto) y Lilian Rivera (ex viceministra de crédito público), se esforzaron para dar los recursos a Invest-H y lograr la compra de los sanatorios rodantes.
Del mismo modo, señaló que sin la participación de la Sefin y sin la aprobación de la coordinación general del gobierno, los hospitales no hubieran sido adquiridos.
Durante el alegato, pidió al Tribunal de Sentencia en materia de corrupción que tenga las características de imparcialidad, independencia y apego a la justicia para resolver el caso.
Finalmente, avisó que si es trasladado del Primer Batallón de Infantería a otro centro penitenciario de alta peligrosidad “estas dos personas estaremos sujetos a perder la vida”.
También culpó a los medios de comunicación de influenciar para que fueran catalogados como verdugos e indeseables.
“Pido al Tribunal que dicten una sentencia interlocutora donde se nos asegure, que no solo nosotros, sino que las 21 personas que están en el módulo nuestro, los tres que están arriba y los otros tres que están en el módulo de atrás permanezcan en el anexo de Tamara por su seguridad personal”, pidió.
