El Congreso aprobó el proyecto enviado por el ejecutivo que arremete contra las maras por el incremento exponencial de la tasa de asesinatos.
Luego de meses de relativa calma en El Salvador, los niveles de violencia se dispararon y el número de asesinatos alcanzó cifras históricas. En este contexto, la Asamblea legislativa aprobó esta semana la polémica solicitud del Ejecutivo para combatir las maras. En concreto, la medida reformará el código penal para endurecer las condenas contra los pandillos.
Esta decisión se produce tras la solicitud de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, de declarar estado de excepción en el país, después de que se reportaran más de 80 asesinatos durante el fin de semana.
Incremento de la violencia
El pasado fin de semana, El Salvador atravesó algunas de las jornadas más violentas desde el final de la guerra civil en 1992. Para darnos, una idea, el viernes se reportaron por lo menos 14 homicidios, a los que se sumaron otros 62 el sábado, día con más asesinatos de las últimas décadas. De esta manera, 87 personas murieron en el país, lo que expresa una brutal lucha entre bandas, así como un resquebrajamiento de los acuerdos secretos con el gobierno.
Controversiales sanciones
La normativa que se implementará por un mes, aunque con posibilidad de extensión, incluye la suspensión de la libertad de asociación, del derecho de defensa y de la inviolabilidad de la correspondencia. Asimismo, con la reforma aprobada, los integrantes de pandillas o maras podrán ser sancionadas con penas de 20 a 40 años de cárcel, mientras que los lideres de estas organizaciones podría recibir entre 40 y 45 años de cárcel. Incluso, en uno de los incisos más polémicos, la reforma al código penal contempla considerar como adultos, lo que implica juzgarlos como tal, a los miembros mayores de 12 años.
De esta a manera, por primera vez El Salvador establece una pena especifica para los integrantes de pandillas o maras. Previamente, aquellas personas que formaban parte de estas organizaciones se los juzgaba por “terroristas y se los procesaba bajo esa figura. Ahora, el problema es que era sumamente complicado comprobar su participación en estos grupos, por lo que las sentencias variaban entre los 6 y 9 años de cárcel.
Origen de las maras en El Salvador
Para comprender la problemática, la historia de estos actores es de gran ayuda. En esta línea, las maras son un fenómeno transnacional en el país, originadas en Los Ángeles, EEUU. No obstante, como consecuencia de las políticas estatales de los ´90, cerca de 45 mil personas fueron deportadas a sus lugares de origen, los cuales estaban sumidos en el caos ocasionado por las guerras civiles.
En este contexto, estos grupos alternativos alcanzaron cierta legitimidad ante el fracaso del Estado para proveer servicios y seguridad a las distintas comunidades. De esta forma, estas organizaciones, con ciertas reglas y normas de conductas, se consolidaron en Centroamérica y representan una de las grandes caras de la violencia de estos países.
Frente a este escenario, estos países (El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Costa Rica) se vieron sumergidas en un círculo vicioso. Es decir, con la llegada de gobiernos que abogaban por el uso de “mano dura”, se producía paralelamente un incremento tanto del tamaño como de la violencia de estos grupos. Como resultado, vemos una alta militarización en la región, donde la línea que diferencia a las fuerzas de seguridad de las fuerzas armadas se vuelve cada vez más difusa.
Por esta razón, no resulta sorprendente que el debate continúe girando en torno a si es realmente efectivo intentar reducir la violencia con más violencia. La realidad es que es innegable la disminución de la tasa de homicidios en El Salvador desde la llegada de Bukele en 2019, sin embargo, esto no significa que estas políticas no representen una amenaza. Al final del día, Centroamérica continúa marcada por la violencia y corrupción, mientras que avanza cada vez más hacia modelos autoritarios, como es el caso de Ortega en Nicaragua.
