Tegucigalpa — El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este martes una denuncia ante el Ministerio Público contra dos jueces, a quienes acusa de aplicar indebidamente el Decreto 04-2022 de amnistía para beneficiar a exfuncionarios del gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales, procesados por delitos relacionados con la administración pública.
Gabriela Castellanos, directora del CNA, expresó que el decreto en cuestión fue concebido para perdonar delitos comunes y políticos, pero no aquellos relacionados con la gestión pública.
Sin embargo, según la denuncia, algunos jueces habrían utilizado esta normativa para exonerar a exfuncionarios vinculados al expresidente Zelaya y a la actual administración de la presidenta Xiomara Castro.
«Observamos cómo varios jueces de la Corte Suprema de Justicia aplicaron este instrumento para favorecer a un funcionario, asesor de Casa Presidencial, y a otra persona como el señor Marcelo Chimirri», detalló Castellanos. Chimirri, exgerente de Hondutel, aunque actualmente no ocupa un cargo de alto perfil, continúa formando parte de un círculo que apoya al gobierno y sus decisiones, según la directora del CNA.
La denuncia también señala que los acusados argumentaron ser víctimas de persecución política tras el golpe de Estado de 2009, una justificación que, de acuerdo con Castellanos, fue aceptada de manera expedita por los jueces implicados.
«El Decreto 04-2022 se ha utilizado como una puerta abierta para que funcionarios y autoridades electas durante la administración gubernamental del 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009 puedan acogerse a esta amnistía por actos propios del ejercicio de su función pública», explicó.
Castellanos criticó al Congreso Nacional por aprobar leyes que, a su juicio, garantizan la impunidad de ciertos personajes. «Regalar impunidad es fácil cuando los diputados saben que se encuentran protegidos mediante el Decreto 117-2019, la famosa impunidad parlamentaria», afirmó, refiriéndose a las normativas que blindan a los legisladores de ser investigados.
La directora del CNA subrayó que la responsabilidad recae en los jueces que habrían aplicado selectivamente la justicia basándose en argumentos débiles. «Es preocupante que magistrados impartan justicia sin que los acusados se refieran a las verdaderas razones, es decir, los delitos por los cuales fueron imputados», señaló.
Según la denuncia, uno de los exfuncionarios justificó la persecución legal debido a su cercanía con el expresidente Zelaya, mientras que otro afirmó que su condición de servidor público lo convirtió en un objetivo para las autoridades judiciales. Castellanos anticipó que estos procesos están marcados por arreglos políticos que socavan la justicia y podrían abrir la puerta a futuras amnistías.
El CNA espera que el Ministerio Público investigue a fondo estos señalamientos y que se evite el uso inapropiado de la amnistía como mecanismo para proteger a aliados políticos involucrados en delitos contra la administración pública. La organización enfatiza la importancia de mantener la integridad del sistema judicial y garantizar que la justicia se aplique de manera imparcial y transparente.
