Tegucigalpa. – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), presentó este martes la tercera parte de su informe “Corrupción en tiempos del Covid-19”, donde señala un perjuicio al Estado por casi 20 millones de lempiras en la compra de ventiladores incompletos y obras inconclusas en el Instituto Cardiopulmonar conocido como Hospital Nacional del Tórax de la capital.
En ese sentido, tras un largo informe donde explica cada uno de los movimientos la investigación del organismo concluye que:
Se identificó la adquisición de 40 ventiladores mecánicos de transporte Breas Vivo 65 por parte de Copeco, cuyo precio unitario es de 387 mil 500 lempiras, sumando un total de 15 millones quinientos 500 mil lempiras.
Asevera que se ratificó que este modelo de ventiladores de transporte no cumple con las especificaciones técnicas requeridas para tratar un paciente positivo de Covid-19, ya que al ser ventilador de transporte, únicamente sirve para trasladar a un enfermo con problemas respiratorios de un lugar a otro dentro de la ciudad.
Se corroboró la compra de 40 ventiladores mecánicos de transporte Breas Vivo 65 por parte de Copeco, tal y como fue anunciado en cadena nacional por el gobierno de la República, siendo 10 de estos equipos de asistencia respiratoria, entregados al Instituto Nacional Cardiopulmonar (INCP), lo lamentable es que dicho equipo se encontraba incompleto, faltándole accesorios esenciales para la puesta en marcha de estos.
Debido a la disfuncionalidad de estos ventiladores mecánicos de transporte por falta de accesorios, actualmente se encuentran almacenados en una bodega dentro del INCP, sin poder cumplir la función para la cual fueron adquiridos y anunciados.
Copeco, como unidad ejecutora desembolsó un total de cuatro millones 252 mil 11.89 lempiras a la empresa constructora para la edificación y remodelación de este centro hospitalario, caso contrario, queda acreditado que estos fondos fueron derrochados en obras inconclusas y de mala calidad.
Se constató que en la ejecución de obras civiles dentro del INCP, existen una gran cantidad de incumplimientos contractuales, observándose diferentes irregularidades en la culminación de las mismas, así como su mala calidad, tal y como se puede patentizar en las fotografías reflejadas en el presente informe.
Producto de este incumplimiento contractual, el INCP, actualmente, no cuenta con las condiciones propicias para la atención y manejo de pacientes contagiados por el Covid-19.
El informe establece que enero pasado el INCP elaboró un Plan de Contingencia para hacer frente a esta pandemia dentro de sus instalaciones, sin embargo, hasta la fecha, debido a la mala gestión administrativa de Copeco, ha provocado que esta planificación continúe como fallida.
Se identificó que aparte de no tener las condiciones necesarias para atender este tipo de pacientes, este centro asistencial puede convertirse en un foco de propagación y de contagio masivo, ya que las personas que portan el virus deben ser atendidas en espacios improvisados, poniendo en riesgo a las demás personas que circulan dentro de las instalaciones, cuando estos sean trasladados para recibir atención, afirma.
En virtud de lo antes expuesto, con la adquisición de los 40 ventiladores de transporte Breas Vivo 65, los que, según el CNA, no cuentan con las especificaciones técnicas requeridas para atender pacientes infectados por el Covid-19, así como los 10 ventiladores identificados que fueron entregados de forma incompleta al INCP y que actualmente se encuentran almacenados en su bodega sin poder ser usados por los médicos, es evidente la afectación económica generada a las finanzas del Estado de Honduras por 15 millones 500 mil lempiras.
Producto del incumplimiento contractual, obras inconclusas y de mala calidad ejecutadas por la empresa constructora contratada por Copeco, se provocó una erogación económica de cuatro millones 252 mil 11.89 lempiras, en un hospital que actualmente no tiene las condiciones para dar atención médica especializada y humana a personas afectadas con el virus.
Es por ello, que el CNA ha logrado determinar que con estas acciones efectuadas por parte de la dicha dependencia le han generado al patrimonio del Estado de Honduras un perjuicio total de 19 millones 752 mil 11.89 lempiras.
