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Coalición Anticorrupción demanda transparencia e independencia en elección del fiscal general en Honduras

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Tegucigalpa – En un comunicado emitido el viernes, la Coalición Anticorrupción hizo un llamado enérgico a establecer “reglas claras” y evitar “injerencias partidarias” en el proceso de selección del fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público para el período 2023-2028.

Según la organización, hasta el momento, dicho proceso carece de procedimientos y reglamentos claros, limitándose únicamente a lo establecido en la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Esta falta de claridad impide una comprensión transparente de la ruta del proceso y dificulta su seguimiento y supervisión.

La Coalición Anticorrupción señala que esta situación abre la puerta a posibles “injerencias partidarias” en esta etapa inicial, generando desconfianza en cuanto a que la elección se base en méritos y capacidad, lo que podría llevar al rechazo de profesionales idóneos a participar en el proceso de selección.

En este sentido, la organización de sociedad civil destaca las denuncias públicas sobre el reparto partidario de los cargos para el fiscal general y adjunto, así como las supuestas negociaciones para designar a personas específicas como representantes ante la Junta Proponente. Estos hechos son considerados un mal precedente que genera preocupación y dudas.

Por lo tanto, la Coalición Anticorrupción recomienda que se respeten los estándares internacionales de independencia e imparcialidad establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el informe del relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados durante su visita a Honduras en agosto de 2018.

Asimismo, demanda que se garantice la independencia y autonomía de la Junta Proponente, estableciendo regulaciones y mecanismos jurídicos vinculantes sin limitaciones.

Por último, la Coalición exige que la Junta Proponente elabore un reglamento interno para el proceso de selección del fiscal general y adjunto, siguiendo los estándares de difusión, independencia, transparencia y meritocracia utilizados por la Junta Nominadora para la selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La Junta Proponente, encargada de la selección, estará compuesta por varios representantes, entre ellos un magistrado de la CSJ, un representante del Colegio de Abogados de Honduras, un representante de las universidades privadas, la presidenta de la CSJ, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), un representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y un representante de la sociedad civil.

Esta junta llevará a cabo entrevistas y evaluaciones de todos los profesionales del derecho que aspiren a ser fiscal general y fiscal general adjunto, y seleccionará a los cinco mejor evaluados en base a una matriz de evaluación.

Una vez seleccionados los cinco candidatos mejor evaluados, la Junta Proponente remitirá el listado al Congreso Nacional, donde se llevará a cabo el proceso de elección del fiscal general y el fiscal general adjunto.

Para ser elegidos, los candidatos requerirán un mínimo de 86 votos por parte de los congresistas.

Estos funcionarios designados desempeñarán sus cargos hasta el 31 de agosto de 2028, fecha en la que el actual fiscal general, Óscar Chinchilla, y el fiscal general adjunto, Daniel Sibrián, dejarán sus puestos, culminando así su mandato en el Ministerio Público.

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