Tegucigalpa – El Colegio de Abogados de Honduras (CAH) ha emitido un contundente desmentido respecto a la condición profesional de Rolando Josué Sánchez Salinas, señalado como uno de los principales implicados en el asesinato del comerciante Franklin Villeda en Cortés.
A través de su cuenta en la red social X, el presidente del CAH, Gustavo Solórzano, fue categórico al afirmar: «Como Presidente del @ColegioHonduras aclaro que el señor Rolando Sánchez Salinas NO es abogado». Además, subrayó que el implicado «no cuenta con registro alguno en el Colegio de Abogados de Honduras ni como procurador ni como miembro de nuestro honorable gremio».
Esta aclaración contradice la información difundida anteriormente, incluso por la propia Policía Nacional, que en un comunicado emitido este viernes se refirió a Sánchez Salinas como «abogado» al anunciar que se había emitido una orden de captura en su contra por su vinculación con el brutal asesinato.
Según las investigaciones policiales, Sánchez Salinas sería el cabecilla de una banda criminal responsable del homicidio de Franklin Villeda, quien fue asesinado en un hotel, posteriormente descuartizado, introducido en maletas y trasladado a una zona de Pimienta, donde intentaron eliminar evidencias incinerando los restos.
El comunicado policial también reveló que el imputado ha incurrido en múltiples falsedades, presentándose fraudulentamente como criminólogo especializado en lavado de activos, rastreo de sustancias psicotrópicas y localización de narcotraficantes. Además, se hacía pasar como ambientalista y defensor de derechos humanos utilizando credenciales falsas para ganarse la confianza de terceras personas.
Las autoridades confirmaron que Sánchez Salinas trabajó en la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) desde el 1 de agosto de 2021 como auxiliar de auditoría, pasando posteriormente al despacho ministerial y la dirección de servicios legales, hasta su cancelación oficial el 13 de marzo de 2023.
La Policía Nacional también señaló que el imputado logró mantener contacto con agentes policiales a quienes habría involucrado en actividades ilícitas, lo que ha derivado en medidas disciplinarias internas dentro de la institución.
