El informe ‘No basta’, de la Fundación Alfredo Molano Bravo y la ONG Temblores, revela pocos avances en justicia y garantías de no repetición para las víctimas de la masacre del 9S en 2020 en Bogotá y del estallido social de 2021 en todo el país.
Por El País
Si hoy Jaider Alexander Fonseca estuviera vivo tendría 21 años y estaría celebrando que su hijo entra al colegio. “Lo imagino llevándolo de la mano al primer día de clases”, dice Maira Páez, quien era su pareja hasta la noche del 9 de septiembre de 2020, cuando un patrullero de la policía de Colombia lo asesinó. “Sé que seguiría siendo el niño de la sonrisa linda, el de los ojitos brillantes, nuestro lugar seguro, el papá abnegado, el hombre trabajador y el incondicional compañero de equipo. En la casa tendríamos a nuestro hombre protector, amoroso y leal”, continua Maira. Su testimonio hace parte del informe No basta, presentado este miércoles por la Fundación Alfredo Molano Bravo y la ONG Temblores.
Este trabajo les hizo seguimiento a las 31 recomendaciones que le formuló al Estado colombiano la relatoría para el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 9 y 10 de septiembre de 2020; y a las 41 recomendaciones que le hizo al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras el estallido social de 2021. El documento encontró un bajo cumplimiento en ambos grupos de las indicaciones. Demuestra que, pese a la buena voluntad del Gobierno de Gustavo Petro y de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha habido pocos avances en justicia y garantías de no repetición para las víctimas de la masacre del 9S en 2020 y del estallido social en 2021.
En su primera parte, relacionada con la noche en la que murió Jaider y en la que fueron asesinadas otras 13 personas, el informe evidencia que hasta el momento solo hay policías condenados por uno de los asesinatos, pese a la evidencia que demuestra que las autoridades participaron en al menos 11 de los crímenes. De las 31 recomendaciones de la relatoría, el equipo de investigadores solo pudo obtener información suficiente y evaluar el cumplimiento de 24. De esas, 9 están pendientes de cumplimiento, 2 se hallan en estado de incumplimiento, 5 han alcanzado un cumplimiento parcial, 3 muestran un cumplimiento parcial sustancial y solo 5 se encuentran totalmente implementadas.
La segunda parte del informe, en la que se investigan los abusos policiales en el estallido social de 2021, llega a una conclusión similar frente a las recomendaciones realizadas por la CIDH para garantizar la no repetición de estos crímenes. La ONG Temblores analizó 31 de las recomendaciones, las que la Comisión ha pedido priorizar, y determinó que ninguna se ha cumplido totalmente. Solo una se ha cumplido de manera sustancial, 17 se han cumplido parcialmente, 11 están pendientes de cumplimiento y 2 ya se incumplieron de manera definitiva.
El documento explica que entre el 28 de abril y el 20 de julio de 2021 “Colombia vivió una grave crisis en materia de derechos humanos, derivada de la respuesta violenta y desproporcionada de la fuerza pública ante los reclamos legítimos de la ciudadanía que se manifestó en las calles”. Solo en Bogotá están documentados cuatro homicidios presuntamente cometidos por la Fuerza Pública, 56 casos de traumas oculares atribuibles a la Policía, y 1.289 casos de violencia policial.
Uno de los principales incumplimientos frente a estas solicitudes tiene que ver con sacar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa. La recomendación del organismo de justicia internacional explica que así busca “garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares”. De hecho, en la región, Colombia es el único país que conserva a la Policía dentro del Ministerio de Defensa. Un funcionario del Ministerio, entrevistado para el informe, explicó que han emprendido acciones concretas para transformar la policía y por eso “no es necesario cambiarla de cartera. Para Temblores, estas trasformaciones internas no son suficientes y el Gobierno debería hacer todo lo posible para cumplir con lo solicitado por la CIDH.
Según el informe, las recomendaciones 28 y 29, que se derivan de esta separación, tampoco se han cumplido a cabalidad. La primera pide garantizar que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana esté primariamente reservado a los cuerpos de seguridad civiles. La segunda, asegurar que, en caso de necesidad de participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, esa sea “extraordinaria, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles”. Las dos están catalogadas como “pendientes de cumplimiento”. Temblores afirma que la respuesta institucional no evidencia acciones concretas con miras a dar un cumplimiento estructural a estas recomendaciones. “Es evidente que en los casos registrados en el 2022 las fuerzas armadas terminaron siendo los principales agentes que atendieron asuntos de conflicto social y de ordenamiento del espacio público”.
El otro gran incumplimiento de las recomendaciones de la CIDH tiene que ver con elaborar y aprobar una ley estatutaria que regule los alcances y limitaciones del derecho a la protesta. El informe reconoce la disposición de los congresistas y de representantes del Gobierno para trabajar conjuntamente con las organizaciones sociales y organismos internacionales, y construir dos proyectos de ley sobre ese tema. Sin embargo, los investigadores insisten en que en la práctica hay muchas dificultades para que alguno de esos se apruebe en el Congreso y se vuelva realidad.
La fuerte oposición que han tenido las reformas del presidente Petro en la Cámara de Representantes y en el Senado demuestran que no hay ambiente para la aprobación en poco tiempo de la ley que garantice el derecho a la protesta, argumenta el informe. “Al ser un proyecto de ley estatutaria deben darse 4 debates en una legislatura. Eso significa que quedan aproximadamente seis meses para que el proyecto pueda ser discutido”.
La ausencia de mayorías gobiernistas en el Congreso también dificulta el cumplimiento de otro grupo de recomendaciones que tienen que ver con la reparación integral de las víctimas de la masacre del 9S en 2020 y del estallido social en 2021. Una de las conclusiones conjuntas de los dos informes así lo demuestra: “Los equipos de investigación pudieron evidenciar que las medidas para satisfacer el derecho a la reparación integral de las víctimas son insuficientes y, en varios casos, han sido revictimizantes”. Según la Fundación Alfredo Molano y la ONG Temblores, “estas deficiencias son atribuibles a que Congreso no ha tenido la voluntad política de tramitar y aprobar una ley, con alcance nacional, a través de la cual se cree un programa de reparación para las víctimas de hechos de violencia que ocurren en el marco de las manifestaciones”.
Las conclusiones compartidas del documento también afirman que hasta la fecha “no existen normas o lineamientos que garanticen que fiscales especializados sean quienes conozcan de los hechos de violencia que ocurren en el marco de la protesta social”. Esta ausencia de reglas para la designación de fiscales especializados, dicen los investigadores, puede repercutir en la efectividad de las investigaciones. Por ejemplo, el asesinato de Jaider Fonseca, que es uno de los que más ha avanzado en la justicia, sigue en la impunidad. Hasta el momento, después de más de tres años de lo ocurrido, la Fiscalía solo procesa al patrullero retirado Jhon Antonio Gutiérrez Rodríguez, a quien ha acusado de homicidio agravado, y el caso está en la etapa de juicio oral. “Hoy estaríamos completos. Completos con su poderoso amor”, recuerda Maira Páez con dolor.
Pese a que en los dos informes la evaluación es negativa, existen algunos avances importantes. “La estrategia de investigación por contextos que ha comenzado a implementar la Fiscalía General de la Nación es un mecanismo que puede contribuir al esclarecimiento de los delitos cometidos en el marco de las manifestaciones, más allá de los homicidios”, afirman los investigadores en las conclusiones del documento. Y añaden: “Las casas de memoria impulsadas por las alcaldías locales de Suba y de Usaquén han sido efectivas para crear espacios de reparación y de apoyo colectivo. Lo anterior es un trabajo positivo que debe ser replicado por autoridades locales de otras ciudades y potenciado por el Gobierno Nacional”.
