Tegucigalpa – Amable de Jesús Hernández, director del Instituto Nacional de Pensiones y Jubilaciones de Ejecutivos y Servidores Públicos (INJUPEMP), anunció que este lunes comenzará la limpieza para permitir el proyecto Ciudad Mateo en el suroeste de Tegucigalpa.
En ese sentido mencionó que las casas construidas hace 30 años quieren ser utilizadas para que puedan vivir las personas que las necesitan.
“Su propósito es sobre todo restaurar un proyecto que ha sido abandonado o fracasó por problemas de corrupción y ofrecer viviendas muy por debajo de la oferta del mercado”, dijo.
A partir de este lunes, en colaboración con el alcalde de la capital, básicamente limpiaremos la maleza acumulada.
Posteriormente se incorporarán al trabajo la Secretaría de Infraestructura, la ENEE y el FHIS.
Sobre la pregunta de por qué se reinicia Ciudad Mateo, el funcionario comentó que el problema fue la falta de decisión, porque todos los gobiernos han hecho su propia investigación y análisis.
El representante del INJUPEMP explicó, a pesar de los cuestionamientos, que se escuchará la opinión de todos los sectores en relación con la creación de la mesa técnica transversal.
Sin embargo, confirmó que el gobierno tomó una “decisión política” para permitir Ciudad Mateo.
“La investigación está actualizada y hay una unidad especial para eso”. Después de despejar las áreas, los técnicos se retiran para completar el mapeo topográfico, los permisos ambientales y las mejoras del sistema de agua y electricidad.
El funcionario enfatizó que Ciudad Mateo cuenta con todos los sistemas de tratamiento y estudios de mitigación e impacto ambiental.
“Claro que hay que organizarse, dialogar y socializar, pero el gobierno no puede renunciar a la toma de decisiones”, subrayó.
La obra habría sido abandonada hace más de tres décadas por condiciones ambientales insostenibles, y su publicación provocó reacciones a todos los niveles.
Hay ,890 apartamentos en el proyecto de inversión INJUPEMP, y aproximadamente 690, o solo un pequeño porcentaje de todo el proyecto, se pueden devolver.
Las decisiones se toman a pesar de la oposición de las comisiones de agua y otros grupos ambientalistas debido a la posible contaminación de la represa Los Laureles, que abastece a decenas de barrios y ciudades.
