Tegucigalpa – La comisión interventora del Instituto de la Propiedad (IP) presentó un informe preliminar al Ministerio Público este viernes, solicitando la apertura o fortalecimiento de investigaciones sobre el manejo de fondos en la institución.
Esdras Rafael Gutiérrez Ochoa, coordinador de la comisión, detalló que el informe busca dar luz sobre las actividades financieras posiblemente irregulares tras la derogación del fideicomiso asociado al IP.
Según Gutiérrez Ochoa, a pesar de la derogación del fideicomiso por el decreto 66-2022, el IP continuó realizando convenios con una ONG por más de 220 millones de lempiras, destinados a encuestas de riesgo social y pobreza, lo cual era legalmente cuestionable.
“Estos fondos se emplearon para contratar constructoras para proyectos de infraestructura bajo la modalidad de llave en mano, sin seguir los procedimientos adecuados”, añadió.
Además, el interventor reveló que se contrataron más de 500 consultores con salarios que superan los 70 mil lempiras, sumando un gasto de 120 millones de lempiras en salarios.
La comisión espera que el Ministerio Público actúe en consecuencia, iniciando investigaciones que clarifiquen y, de ser necesario, sancionen las irregularidades detectadas.
Esta acción forma parte de los esfuerzos por transparentar las operaciones del Instituto de la Propiedad y asegurar la correcta administración de los recursos del estado, enfatizó Gutiérrez Ochoa.
