Washington. – La propuesta de ley que busca encontrar una solución permanente para los beneficiarios del Programa de Acción Diferida (DACA), así como los trabajadores amparados al Estatus de Protección Temporal (TPS), e inmigrantes con Salida Obligatoria Diferida (DED), fue sometida este martes a discusión en el Comité de Judicial del Senado.
Las bancadas demócratas y republicanas representadas en esta instancia legislativa de la Cámara Alta, que revisa los borradores de ley antes de recomendar la discusión del pleno, mostraron las posturas encontradas alrededor del tema migratorio.
El presidente del comité, el senador Dick Durbin, introdujo en la audiencia donde con testigos, la “American Dream and Promise Act”, aduciendo en la importancia de enmendar este asunto después de 20 años infructuosos esfuerzos en los que él ha participado para enmendar el tema de inmigración.
Durbin, de Illinois, abrió la audiencia en el recinto donde dos republicanos que lo integran han votado con antelación a favor de los soñadores: Lindsey Graham, de Carolina del Sur, y John Cornyn, de Texas, pero en esta audiencia, el primero no asistió y el segundo dijo no estar convencido de apoyar esta propuesta dado el volumen de inmigrantes que pretende regularizar.
La propuesta (H.R.6) fue aprobada en marzo de este año con apoyo bipartidista en la Casa de Representantes; y es la primera propuesta sobre el tema migratorio que se aborda el Senado con la actual aritmética legislativa donde la mayoría demócrata está ajustada solo al voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris.
“Estos inmigrantes han aportado 17.4 billones (de dólares) en impuestos federales y más de 9.6 billones en impuestos estatales y locales”, dijo el senador Durbin para poner números a las contribuciones y cómo encontrar una solución a los miles de trabajadores amparados con DACA y TPS que han sido esenciales durante la pandemia.
Senadores republicanos cuestionan alcance de la propuesta
El jefe de la minoría republicana en el comité, el senador Chack Grassley, dijo que antes que prestarse a discutir cualquier legislación sobre inmigración el gobierno debe asegurar que ha completado el cierre de las fronteras con la terminación del muro.
También cancelar las ciudades santuarios de inmigrantes porque la situación actual con los miles de inmigrantes que siguen atravesando la frontera sur indica que el trabajo no está realizado y que la situación empeora.
“Obviamente tenemos la crisis todos los días la gente está cruzando la frontera para llegar aquí” y adujo que es responsabilidad de la administración del presidente Biden la crisis fronteriza.
El senador Grassley cree que la ley proveería “ciudadanía” a cientos de miles de indocumentados que han llegado mucho después que DACA fuera creado.
Las estimaciones hechas por centros como el Instituto de Políticas Migratorias sobre el número de beneficiarios de unos 4.5 millones de indocumentados se salen de las capacidades de apoyo de la bancada republicana que observó en punto durante las tres horas que duró la audiencia en el Senado.
El republicano John Cornyn, dijo que apoya a los jóvenes soñadores con los números anteriores estimados en 640 mil por los que votó a favor en las legislaciones anteriores que fracasaron en ambas cámaras legislativas, pero al ver estos números de más de cuatro millones es claro que no es el mismo proyecto que él apoyó con anterioridad.
“Yo he votado previamente por legislaciones para proteger a los jóvenes muchas veces” pero en esta ocasión “el Congreso no podrá conseguir el apoyo necesario para poner una ley en el escritorio del presidente”, dijo el senador Cornyn al referir a las elevadas cifras.
El Comité Judicial invitó a la audiencia a beneficiarios del programa como el joven médico de urgencias doctor Manuel Bernal Mejía, de DACA, al enfermero Rony Pontheieux, con TPS, al exdirector del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), León Rodríguez y al analista conservador Joseph Edlow, y a la madre de una joven que falleció en un accidente causado por un inmigrante indocumentado.
Los senadores de ambos partidos enfilaron sus posturas durante esta primera presentación de la iniciativa de ley; desde la bandada demócrata se insistió en buscar una solución a la problemática apelando a las familias y las comunidades, por el lado republicano se puso mayor énfasis en la crisis fronteriza actual.
Para que esta propuesta de ley llegue al pleno del Senado debe conseguir al menos 10 votos republicanos para ser aprobada.
La Alianza Nacional del TPS, organización que aglutina a 70 comités a nivel nacional de beneficiarios del programa, a través de uno de sus grupos de base en la costa este reaccionó a la audiencia y dicen que seguirán en pie de lucha hasta conseguir su objetivo. “Hacemos un llamado al Senado para que tome acción… e impulse cualquier propuesta que pueda garantizar nuestra tan esperada residencia permanente”, dijo la organización en un comunicado.
