Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) expresó hoy su preocupación por el prolongado estado de excepción vigente en Honduras desde diciembre de 2022, señalando categóricamente que la suspensión de garantías constitucionales no constituye la herramienta adecuada para combatir la criminalidad organizada en el país.
Daniel Cáceres, director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del CONADEH, destacó entre las principales preocupaciones la falta de control legislativo por parte del Congreso Nacional, particularmente en relación con los decretos más recientes que prorrogan el estado de excepción, los cuales no han sido sometidos a un análisis riguroso por parte del Poder Legislativo.
El funcionario señaló que durante los más de 27 meses que lleva vigente esta medida excepcional, el CONADEH ha atendido más de 700 quejas relacionadas con privaciones arbitrarias de libertad, detenciones ilegales, torturas y colocación de pruebas aparentemente falsas, entre otras violaciones a derechos humanos.
Cáceres mencionó que el Ministerio Público ya ha iniciado procesos legales contra varios agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), y de la Policía Nacional por presuntos abusos cometidos durante este período.
Mujeres y niñas entre las principales víctimas
Según el informe del CONADEH, las mujeres y niñas figuran entre los grupos más afectados por las intervenciones de agentes estatales durante la vigencia del estado de excepción. Sólo en el primer año de implementación de la medida, la institución atendió más de un centenar de quejas contra miembros de los cuerpos de seguridad del Estado por violentar los derechos humanos de este sector vulnerable.
Esta situación fue calificada como «alarmante» por el organismo defensor debido a los niveles de violencia y arbitrariedad perpetrados por agentes de seguridad pública en el marco de la suspensión de garantías.
De acuerdo con los testimonios de las propias afectadas, la violencia física fue la más recurrente, incluyendo golpes, patadas, jalones de cabello y bofetadas por parte de agentes estatales. El CONADEH advirtió que el uso desproporcionado de la fuerza durante estas intervenciones puede constituir un atentado a la dignidad humana, provocando repercusiones físicas y psicológicas en la vida de mujeres y niñas.
Las denuncias por violaciones a derechos humanos de mujeres y niñas durante el estado de excepción se han registrado en 17 de los 18 departamentos del país, siendo Francisco Morazán el que presenta mayor incidencia, seguido por Cortés, Choluteca y Atlántida.
Ante esta situación, la Institución Nacional de Derechos Humanos ha propuesto a las autoridades hondureñas la adopción de una política de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos y de género, que permita combatir eficazmente la criminalidad sin recurrir a medidas que propicien abusos contra la población.
