Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) en Honduras ha emitido un llamado urgente a las autoridades de seguridad para intensificar la búsqueda de más de veinte personas desaparecidas desde hace más de un mes en diversas circunstancias aún no esclarecidas.
Daniel Cáceres, coordinador del Observatorio Nacional de los Derechos Humanos del Conadeh, destacó la necesidad de que las fuerzas de seguridad y las entidades encargadas mantengan el enfoque en localizar a las personas desaparecidas aún con vida, evitando suposiciones prematuras sobre su posible fallecimiento.
Resaltó la importancia de un protocolo de búsqueda que atienda las particularidades de cada caso y el contexto específico de cada departamento.
Además, Cáceres hizo hincapié en las diferencias entre los casos, como las cinco personas encontradas muertas en Francisco Morazán comparadas con las desapariciones en Atlántida, sugiriendo que cada situación requiere un enfoque especializado.
Las autoridades hondureñas necesitan implementar protocolos de búsqueda de desaparecidos que se adapten tanto a las circunstancias individuales de cada caso como al contexto específico de cada departamento, enfatizó un portavoz.
El 12 de junio, se reportó la desaparición de más de diez personas en ruta hacia Baracoa, Cortés. Pocos días después, el 17 de junio, otra alarmante desaparición involucró a más de una docena de individuos en el área de Crique de la María, en el Ramal del Tigre, Tela Atlántida, añadiendo urgencia a la demanda de acciones efectivas y adaptadas a cada región.
El Conadeh también recomendó al Estado hondureño que realice las investigaciones necesarias con la debida diligencia para esclarecer el paradero de los desaparecidos y tomar medidas urgentes para prevenir y corregir el uso indebido de uniformes de agentes del orden, garantizando así que la población pueda identificar correctamente a los agentes en cualquier operativo.
La preocupación del Conadeh se extiende a las repetidas denuncias sobre individuos vestidos con indumentaria oficial realizando crímenes, lo cual podría implicar una complicidad o tolerancia estatal que facilita la impunidad en actos de tortura y asesinato.
La entidad recuerda que la inacción en las investigaciones constituye una responsabilidad internacional para el Estado, según ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
