Tegucigalpa – La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha anunciado una inversión trascendental de 300 millones de lempiras destinada a fortalecer la vigilancia del espectro radioeléctrico, lo que la convertirá en uno de los entes reguladores más avanzados tecnológicamente en América Latina, según indicó Lorenzo Sauceda, presidente de la institución.
Este ambicioso proyecto, impulsado en colaboración con la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, busca desarrollar una nueva ley de telecomunicaciones que sea inclusiva y respaldada por diversos sectores, incluyendo empresarios del rubro.
El objetivo es establecer una regulación eficaz que promueva un uso adecuado del espectro radioeléctrico, un recurso natural fundamental para la comunicación en el país.
La inversión de 300 millones de lempiras será transparente y estará sujeta a rigurosos controles, con 270 millones destinados específicamente a este propósito. Se valora la participación de la exministra de Finanzas, Rixi Moncada, en la gestión de financiamiento para la modernización de Conatel.
El presidente Sauceda enfatizó que esta iniciativa transformará a Conatel en una entidad moderna y competitiva a nivel regional, con capacidad para regular las telecomunicaciones de manera efectiva.
Se implementarán 27 antenas en todo el territorio nacional, además de vehículos equipados con tecnología avanzada y drones que permitirán monitorear el espectro radioeléctrico en tiempo real.
El sistema de vigilancia también incluirá vehículos con tecnología de vanguardia que patrullarán las calles, transmitiendo información a un centro de monitoreo centralizado.
Este centro será capaz de identificar el uso adecuado e inadecuado de las frecuencias, tomando medidas legales cuando sea necesario.
En cuanto a las cárceles, se espera que en los próximos días las compañías telefónicas proporcionen equipos de alta capacidad y tecnología para bloquear cualquier tipo de frecuencia utilizada por los delincuentes dentro de las instalaciones penitenciarias.
Este proyecto marca un hito en la modernización y regulación efectiva de las telecomunicaciones en Honduras, promoviendo un uso responsable del espectro radioeléctrico y fortaleciendo la seguridad en las comunicaciones a nivel nacional.