Tegucigalpa. – La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) se notificó en las últimas horas de la resolución de la Corte de Apelaciones del Circuito Anticorrupción que por unanimidad de votos confirma el Auto de formal procesamiento en contra de siete funcionarios de gobierno involucrados en el caso denominado “Corrupción Sobre Ruedas”.
Se trata de Juan Ramón Maradiaga Franco (gerente administrativo de Banadesa); David Eduardo Ortiz Hawit (gerente financiero de Banadesa), Elmer Jeovany Ordóñez Espinal (jefe de control interno de Banadesa), Gonzalo Molina Solórzano (jefe de proveeduría de Banadesa), Harvys Herrera Carballo (gerente administrativo de Casa Presidencial), Claudia Noriega González (coordinadora del proyecto de la tarjeta La Cachureca) y Carol Vanessa Alvarado Izaguirre (gerente financiera de Casa Presidencial y jefa de presupuesto de la Sedis).
De manera que el tribunal de alzada mantiene los cargos contra Maradiaga Franco, Ortiz Hawit y Molina Solórzano por un delito de violación de los deberes de los funcionarios, 39 delitos de uso de documentos públicos falsos y 43 delitos de fraude.
Contra Ordóñez Espinal por 39 delitos de uso de documentos públicos falsos y 43 delitos de fraude; contra Herrera Carballo por un delito de violación de los deberes de los funcionarios; contra Noruega González por 43 delitos de fraude y contra Alvarado Izaguirre por un delito de violación de los deberes de los funcionarios, 43 delitos de fraude, según el artículo 376 del Código Penal y un delito de fraude según el artículo 240-A de la normativa penal.
Además, en este caso figura como octavo imputado Carlos Josué Romero Puerto (coordinador del Proyecto PRAF-Banadesa) por 17 delitos de fraude.
Como se recordará, en el expediente “Corrupción Sobre Ruedas” el primer medio que se usó para drenar los fondos fue Banadesa con el llamado Bono 10 MIL, empleando una empresa de fachada (Servicios e Inversiones AID), creada por las cómplices necesarias Carol Alvarado y Claudia Noriega para el manejo de fondos destinados al financiamiento de campañas políticas, arguye el Ministerio Público mediante un boletín de prensa.
Apunta que ese dinero fue utilizado entre el 4 de julio de 2013 y el 19 de mayo de 2014, con un monto gastado de 11 millones 401 mil 151 lempiras, los que fueron retirados mediante 104 débitos.
Por otro lado, el segundo mecanismo detectado con base a las investigaciones de la Fiscalía, fue el de arrendamiento de vehículos que los acusados -autores y cómplices- realizaron con fondos destinados al Bono 10 Mil, bajo el argumento que un funcionario fue asesinado cuando andaba entregando el referido bono, por lo que se procedió a la contratación de vehículos blindados.
El alquiler de los vehículos blindados fue pagado por la empresa AID mediante cheques no negociables por un monto de cuatro millones 154 mil 20 lempiras. Los automotores eran usados por personajes políticos que andaban en campaña política.
La empresa AID era de fachada y a nombre de la misma también se extendieron cheques por concepto de publicidad y propaganda y aparte se trasladaban recursos a las cuentas personales de Carol Vanessa Alvarado Izaguirre e incluso para pagar sus tarjetas de crédito.
Igualmente, según el boletín, a nombre de AID se extendieron recursos que sirvieron para pagar gastos de hospedaje a los asistentes a una convención política del Partido Nacional en Comayagua el 15 de marzo de 2014.
Por este caso, vale destacar, la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC, ahora UFERCO) en coordinación con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), llevó a cabo acciones de aseguramiento e inmovilización de vehículos lujosos y de la empresa Representaciones Montes y Distribuidora de Productos, de quienes Carol Vanessa Alvarado y su esposo José Antonio Galdames son socios.
