Tegucigalpa – El Congreso Nacional de Honduras ratificó hoy, en una sesión legislativa, la ampliación del estado de excepción parcial por un período adicional de 45 días, extendiendo su vigencia hasta el sábado 19 de agosto.
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, junto con autoridades de la Policía Nacional, se presentaron ante el Congreso para presentar los avances en materia de seguridad y justificar la necesidad de extender el estado de excepción.
La medida del estado de excepción se implementó originalmente el 5 de julio, mediante una decisión del Consejo de Ministros, con el objetivo de contener la creciente criminalidad, especialmente en las zonas más afectadas del país.
El ministro Sánchez asumió su cargo hace tres semanas, tras la destitución de Ramón Sabillón debido a la trágica muerte de 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
Durante su intervención, Sánchez destacó que un considerable 27 % de los municipios, es decir, 79, no han registrado ningún caso de homicidio recientemente. Sin embargo, también señaló que un 6 % de los municipios hondureños, es decir, 18, aún presentan índices de homicidios iguales o superiores a la tasa nacional del año 2022.
Por otro lado, el ministro resaltó con optimismo una reducción en la tasa de homicidios en 245 municipios, con 375 casos menos en comparación con el año pasado.
Sin embargo, reconoció una preocupante mora de casos sin resolver, representando un 25 % de los casos, equivalentes a 444 homicidios pendientes. Esta situación se atribuye al paro de labores en el Ministerio Público, que ha impedido la realización de autopsias.
En cuanto a los homicidios múltiples, Sánchez informó que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ha resuelto satisfactoriamente un 72 % de los casos, mientras que actualmente se encuentran en investigación siete casos adicionales.
La ampliación del estado de excepción ha generado debates y opiniones divididas en el Congreso, pero las autoridades de seguridad insisten en que es una herramienta necesaria para enfrentar la crisis de criminalidad en el país.
Con la ratificación de esta extensión, se espera que el gobierno continúe implementando acciones para garantizar la seguridad y protección de los ciudadanos hondureños.
