Tegucigalpa – El Congreso Nacional de Honduras se apresta a retomar sus sesiones después del receso legislativo de junio con una agenda cargada de temas cruciales, incluyendo el dictamen del proyecto de la Ley de Justicia Tributaria, la revisión de contratos energéticos, y la propuesta para instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad (CICIH).
La reanudación de las sesiones también verá el tratamiento de una controversial propuesta del ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez Velásquez, quien ha pedido reformas al Código Penal para clasificar a los miembros de maras, pandillas, y narcotraficantes como terroristas, elevando la severidad de las penalizaciones contra estos grupos.
En el ámbito tributario, la diputada Fátima Mena del Partido Salvador de Honduras (PSH) ha resaltado la ausencia de un dictamen para la Ley de Justicia Tributaria, pese a haber recibido 47 recomendaciones de diferentes sectores. Mena enfatizó la importancia de una fiscalidad progresiva y la necesidad de garantizar seguridad jurídica y proteger los empleos.
El debate sobre las adendas a los contratos de energía sigue sin resolución, con críticas sobre la falta de transparencia y procedimientos adecuados en algunos acuerdos, particularmente en proyectos que no se alinean con los recursos naturales disponibles en Honduras.
Por otro lado, desde el Partido Nacional, la diputada Johanna Bermúdez ha expresado su preocupación por la posible aprobación de leyes que podrían incrementar la incertidumbre jurídica y económica, mientras enfatiza la importancia de que las reformas energéticas conduzcan a tarifas más bajas y accesibles para los hondureños.
Erika Urtecho, del Partido Liberal, ha llamado a reducir la mora legislativa y asegurar que se debatan proyectos de ley que beneficien directamente a las comunidades hondureñas, subrayando la necesidad de una reforma tributaria que fomente la inversión y la creación de empleo.
Con estos desafíos en el horizonte, el Congreso se encuentra ante un período de sesiones que podría definir la dirección económica y social de Honduras en los próximos años, destacando la necesidad de consensos y decisiones equilibradas para avanzar hacia una mayor estabilidad y progreso.
