El domingo, el presidente de Perú, Pedro Castillo, criticó duramente al Congreso controlado por la oposición por aprobar un proyecto de ley que modifica la «Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano» (PRC). En consecuencia, las condiciones para la convocatoria de referendos cambian en sentido inconstitucional.
RELACIONADO:
Partido de la presidenta Xiomara Castro expulsa a legisladores «traidores»
Señaló que el Congreso insiste en mantener una Constitución que mutila el derecho al referéndum para una Asamblea Constituyente. De acuerdo con la legislación vigente, la administración Castillo puede impugnar la reforma de la ley de la RPC ante la Corte Constitucional.
La negativa de las élites peruanas a cambiar la constitución impuesta durante la dictadura de Alberto Fujimori (1990-200) contradice el orden democrático, explicó el presidente Castillo, quien recordó que el poder político en una república emana del Pueblo.
Las declaraciones de Castillo están motivadas esencialmente por la actuación del Congreso, que estableció amparos ad-hoc al artículo 206 de la Constitución para que sólo una mayoría parlamentaria pueda aprobar cualquier reforma constitucional.
El presidente de #Perú Pedro Castillo, aprobó este jueves la Declaratoria de Emergencia Climática Nacional mediante la promulgación de un Decreto Supremo que la reconoce como asunto de interés nacional. pic.twitter.com/8tLRQMTomy
— MV Inglés (@MV_Eng)
21 de enero de 2022
La actuación del Congreso también fue duramente criticada por organizaciones sociales y políticas progresistas porque buscan entorpecer la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
De acuerdo con las leyes vigentes, el Poder Ejecutivo puede iniciar una acción legal ante la Corte Constitucional si una norma aprobada por el Congreso infringe la participación de los ciudadanos en los procesos políticos destinados a realizar cambios estructurales.
El Consejo de Ministros también advirtió que la norma aprobada por el Congreso controlado por la oposición viola los derechos de participación política de los ciudadanos reconocidos en los tratados internacionales.
