TEGUCIGALPA, HONDURAS – El proyecto de construcción de una cárcel en las Islas del Cisne sigue generando controversia, a pesar de las afirmaciones del ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Lucky Medina, de que los aspectos ambientales del proyecto ya han sido resueltos.
Mientras diferentes sectores de la sociedad piden al gobierno que reconsidere la medida, el ministro ha calificado las críticas actuales como ataques políticos contra los planes de seguridad ciudadana.
En un contexto donde el gobierno ha sido acusado previamente de comprometer recursos nacionales, un portavoz gubernamental defendió la decisión, señalando la hipocresía percibida en las críticas actuales: “Nosotros hemos condenado cómo, durante muchos años, se guardó silencio ante el entreguismo de las ZEDES, las concesiones mineras, la explotación del agua subterránea y la entrega de bosques. Ahora pretenden hablar de cuidados ecológicos cuando han sido cómplices silenciosos de la pérdida del patrimonio nacional”.
Medina aseguró que el proyecto de la cárcel de Islas del Cisne ha cumplido con todos los requisitos legales y técnicos necesarios para el licenciamiento ambiental. “No hay nada de qué dudar; los técnicos que realizaron el estudio son los mismos miembros de los colegios que ahora critican”, afirmó.
El gobierno también ha publicado un informe detallando las medidas de mitigación implementadas para minimizar el impacto ambiental del proyecto, incluyendo la creación de un centro de monitoreo ambiental que asegurará que la construcción y operación de la cárcel tengan el mínimo impacto posible en el delicado ecosistema de las Islas del Cisne.
Este debate subraya el delicado equilibrio entre la implementación de medidas de seguridad necesarias y la preservación del medio ambiente, un tema que continúa dividiendo opiniones en Honduras.
