Tegucigalpa – En un detallado análisis que pone en tela de juicio la viabilidad financiera del recién aprobado contrato energético, el experto Kevin Rodríguez ha revelado cifras alarmantes sobre los costos que enfrentará la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de Honduras.
El contrato, que tiene sus raíces en 2007 y fue originalmente diseñado para generar 150 megavatios con gas natural, ha experimentado modificaciones significativas. La recontratación amplió la capacidad a 240 MW y, controversialmente, permitió una fase inicial de generación con diésel, a pesar de carecer de licencia ambiental.
Según los cálculos presentados por Rodríguez, el cargo fijo de $27.02 por kilowatt mes para los 240,000 kilowatts de capacidad resultaría en pagos mensuales de aproximadamente 6.5 millones de dólares. Proyectado a 19 años, el contrato podría costar a los hondureños unos 38,000 millones de lempiras, superando significativamente los 30,000 millones en ahorros prometidos por las 18 adendas recientemente aprobadas.
El experto señala múltiples interrogantes sin resolver:
- Los costos reales de importación del gas natural
- Gastos de transporte desde Puerto Cortés hasta Villanueva
- Costos de regasificación
- Gastos operativos de las turbinas usadas
«El cargo fijo de $27.02 es el más alto de todas las plantas térmicas en el territorio nacional, donde otras instalaciones operan con cargos entre $10 y $13 por kilowatt mes», destacó Rodríguez.
El analista también cuestionó la validez de los supuestos ahorros, señalando que se basan en proyecciones optimistas que incluyen:
- 12,000 millones de lempiras en ahorros de la planta Brassavola, condicionados a una operación con gas natural que aún no está disponible
- Beneficios de una planta eólica francesa que ni siquiera ha sido construida
La controversia sobre este contrato llevó recientemente a la renuncia de una diputada de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, quien protestó por la forma apresurada en que se aprobó junto con otras adendas, sin la debida discusión individual que ameritaba su magnitud e implicaciones.
ASJ Honduras, capítulo local de Transparencia Internacional, ha manifestado su preocupación por este contrato que, iniciado durante la administración del expresidente Manuel Zelaya, ha sido «revivido» en condiciones significativamente más onerosas para el Estado hondureño.
