Tegucigalpa – El anuncio del Instituto Nacional Penitenciario sobre la construcción de una mega cárcel en la Isla del Cisne ha suscitado preocupación entre los ambientalistas y debates acalorados en Honduras.
Ramiro Muñoz, director del INP, defiende el proyecto argumentando la necesidad de priorizar los beneficios para la población sobre intereses particulares.
“Aquí hay que beneficiar a 10 millones de hondureños, no a una organización criminal que está en un centro penal”, afirmó.
El proyecto, que actualmente está en fase de licitación para la elaboración de planos y selección de la empresa constructora, ha sido abierto a la participación de compañías tanto nacionales como internacionales.
“hay que ver quién lo dice; aquí todo el mundo opina y está en contra de las cosas que se quieren hacer”, aseveró Muñoz.
Sin embargo, la propuesta ha enfrentado críticas severas por parte de expertos ambientales.
René Soto, un reconocido ingeniero ambiental, ha calificado el proyecto como inviable, señalando que podría representar un gasto exorbitante para el Estado más que una inversión, dada la considerable amenaza a la ecología local y los costos económicos implicados.
Muñoz insiste en que todos los procesos necesarios para la planificación y ejecución del proyecto están siendo cuidadosamente seguidos, subrayando el compromiso con llevar a cabo la construcción de manera responsable y conforme a las regulaciones vigentes.
