La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó este martes a Nicaragua adoptar las medidas provisionales en favor de 115 opositores ante el “incumplimiento” y “desacato permanente” de resoluciones previas del tribunal.
“La posición asumida por Nicaragua y la inobservancia de lo ordenado” en resoluciones previas “constituye un desacato permanente a la obligatoriedad de las decisiones adoptadas por este tribunal“, indicó en una resolución la Corte IDH.
El tribunal continental, con sede en San José, decidió mantener las medidas provisionales previamente ordenadas en favor de 115 opositores, 105 de los cuales fueron expulsados del país y retirada su nacionalidad.
Desde febrero de 2023, el gobierno de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ya ha despojado de la nacionalidad a unos 450 políticos, empresarios, periodistas, intelectuales, activistas de derechos humanos y religiosos que fueron expulsados de Nicaragua.
“Tal deportación (…) podría poner a las personas beneficiarias que fueron deportadas en riesgo extremo de sufrir daños irreparables a sus derechos“, argumentó el tribunal.
Entre los afectados se encuentran el periodista nicaragüense exiliado Juan Sebastián Chamorro; el excandidato presidencial exiliado en Estados Unidos, Félix Maradiaga; la excomandante guerrillera, Dora María Téllez; o el obispo Rolando Álvarez.
El gobierno de Ortega ha endurecido la represión desde las protestas opositoras de 2018, que dejaron en tres meses más de 300 muertos, según la ONU, consideradas por Managua como un intento de golpe de Estado de Washington.
Recientemente reformó la Constitución para afianzarse en el poder alargando el mandato presidencial de cinco a seis años y creó una Presidencia compuesta por un “copresidente” y una “copresidenta“, que “coordinen” el resto de poderes del Estado.
La Corte IDH también requirió la liberación de nueve personas actualmente encarceladas en Nicaragua, que se les garantice la salud y la alimentación, y que hasta su liberación puedan tener acceso a familiares y abogados.
También convocó a Nicaragua a una audiencia pública “sobre la implementación de las medidas provisionales dictadas en favor de los beneficiarios” en la sede de la Corte en San José el 4 de febrero de 2025.
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, se mantiene en el poder desde 2007 tras tres reelecciones, la última de ellas en 2021 en comicios con la oposición presa o en el exilio.