La fiscalía apura el cierre de investigaciones de 153 muertes en las prisiones bajo el régimen de excepción.
Por Infobae
Mario Ramírez vio primero cómo se llevaron a su esposa, Juana. Con voz pausada, que apenas se altera en los momentos más crudos de su relato, este hombre de 42 años regresa al mediodía del 24 de abril de 2022, el día en que una columna de policías llegó hasta su casa en una comunidad marginal de El Salvador, en las cercanías de la capital. Tras un intercambio de insultos, sin una orden de arresto y con la amenaza de llevarse a toda la familia si intervenían, los agentes arrestaron a Juana, se la llevaron andando y la metieron a una cárcel, donde permanece hasta ahora sin que Mario, su marido, haya podido verla 14 meses después.
“Llegaron los señores policías y preguntaron en la casa que si habían visto correr a los muchachos (así llaman los salvadoreños a los pandilleros en los barrios). Mi esposa estaba en el lavadero cuando llegaron los policías. Ella les dijo que no había visto a nadie. Y ellos le dijeron: cómo no los vas a haber visto si aquí pasaron corriendo… Entonces dijo la policía: bueno, si ella no quiere colaborar llevatela a ella. No, le dije yo, y cómo se la va a llevar. Sí, me dijo. Y se la llevaron”, relata Mario (algunos nombres en esta historia han sido cambiados por seguridad de las víctimas y a petición de ellas).
Poco después de que se llevaran a Juana, la mujer de Mario, los policías volvieron a la casa familiar. A otro hijo de la pareja, quien había cumplido 18 años días antes, también se lo llevaron preso.
“A los diítas, a mi hijo también se lo llevaron; estaba cumpliendo 18 años, fue él muy alegre a sacar su DUI (Documento Único de Identidad) como todo joven y el mismo policía (que se había llevado a su madre) regresó a la casa y le dijo que se le iba a llevar por colaborador y el muchacho ni fichado está en la policía. Hasta esta fecha el muchacho ha sido trasladado al penal de Izalco al de Usulután, alguien que salió del penal nos dijo que él vomitaba sangre de los golpes…”, cuenta Mario.
Sonia, la hija mayor de Mario y Juana, se encargó de llevar a su madre los “paquetes” de comida que las autoridades carcelarias de El Salvador venden a las familias de los reos. Infobae descubrió que la Dirección General de Centros Penales de El Salvador (DGCP), la máxima autoridad carcelaria, maneja un negocio millonario con la venta de paquetes de comida y artículos básicos de higiene que los familiares de los presos deben de comprar por precios que van de los USD 50 a los USD 175. Si las familias no pagan por esos paquetes, los presos no reciben apenas comida en algunos casos.
Fue con Sonia que Juana mandó un mensaje esperanzador a su marido. En la cárcel le habían dicho que el tribunal que se hizo cargo de su caso, junto al de decenas de otros arrestados a los que despachó en una sola audiencia masiva, había emitido una carta de libertad. La mujer pidió a su familia que buscaran esa carta y la sacaran de ahí. Sonia fue hasta la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a denunciar la situación de su madre. No sirvió de nada.
Cuando Sonia regresó a su casa, después de su fallido viaje a la PDDH, la policía volvió a la casa familiar. Esta vez para llevársela a ella. Mario, impotente, vio como los agentes le arrebataban al tercer miembro de su familia en cuestión de meses. Hoy, más de un año después de la primera captura, mientras el hombre cuenta esta historia, todos siguen presos.
“Hace poco se llevaron a mi hija solo porque les han dado órdenes, antes les pedían llevarse cincuenta, hoy les piden llevarse diez. Son el verdugo del pueblo, la pandilla de El Salvador, los que hacen daño y torturan. Me duele estar solo con mi otra hija de 11 años y mi nieta de 1 año. Los policías son tan criminales que le pusieron el fusil a mi hija en la boca y le dijeron: ahorita tenemos ganas de matar a un hijueputa…”, dice.
Mario no tiene dudas cuando atribuye lo que ha pasado a su familia a la venganza de un oficial de la policía destacado cerca de su comunidad. El calvario, como él lo nombra, empezó poco antes del arresto de Juana, su esposa. La familia de Mario descubrió que el oficial, a quien se niega a identificar por temor, hacía tratos con los pandilleros de la zona.
“Es un agente que ha andado ahí por la comunidad por mucho tiempo. En alguna ocasión, como nuestra casa queda en alto, lo encontramos haciendo negociaciones con los pandilleros; a cambio de beneficios de dinero, cuando los agarraba no los remitía, le daban su dinero y él soltaba a los muchachos. Mala suerte para él y para nosotros que lo hayamos escuchado en sus negociaciones oscuras. Desde ahí fue que empezó el calvario para nosotros”, relata Mario.
Infobae corroboró el relato de Mario con un abogado que conoce procesos judiciales y denuncias por detenciones arbitrarias, con una organización no gubernamental al tanto del caso de esta familia y con fuentes de la Policía Nacional Civil familiarizadas con las denuncias contra agentes destacados en la comunidad en que viven Mario y los suyos.
Después de que los policías capturaron a su hijo, Mario hizo una consulta en la policía. ¿Qué pasaría si él denunciaba al agente al que atribuye los arrestos arbitrarios de su familia? Así recuerda el hombre la respuesta que le dieron: “Si usted quiere vaya a la inspectoría y denúncielos, pero le advierto que después las represalias van a ser contra usted”, le respondió un oficial. “Hablé con otros y me dijeron que este señor (el policía que los capturó) arma los casos, y ahora con el poder que se les dio…”, se lamenta.
Zaira Navas, quien fue inspectora general de la PNC en 2010 y hoy trabaja con una organización de la sociedad civil que ha seguido desde el principio las denuncias de abusos cometidos por agentes del gobierno salvadoreño desde que se decretó el régimen de excepción en marzo de 2022, había advertido en mayo de aquel año que esto ocurriría.
“El régimen de excepción se ha prestado a muchas arbitrariedades, que es lo que ocurre al ordenar detenciones para cumplir números o cuotas de detenidos… Esto ha generado más arbitrariedades a nivel operativo entre jefaturas medias de la PNC, pero también lo han aprovechado policías para saldar rencillas personales o para acosar personas”, decía entonces Navas, jefa jurídica de Cristosal, la organización que acaba de publicar un devastador informe sobre los abusos cometidos por el gobierno de Nayib Bukele durante los meses que ha durado el régimen de excepción, entre ellos torturas y detenciones arbitrarias como las descritas por Mario, pero también 153 muertes de salvadoreños en las cárceles.
Carpetazo a investigaciones por muertes de presos
El hijo de Mario está a un paso de la muerte de acuerdo con la poca información a la que el padre ha tenido acceso a través de vecinos que lograron salir de las cárceles de Bukele. Decenas de otros presos murieron, 153 de acuerdo con el informe que Cristosal publicó el 29 de mayo pasado.
Las autoridades de seguridad pública del gobierno Bukele, encabezadas por el ministro Gustavo Villatoro, y el fiscal general Rodolfo Delgado, atribuyen las muertes carcelarias a condiciones de salud crónicas de los detenidos. El reporte de Cristosal, basado en datos obtenidos en actas de defunción, documentos médicos e informes forenses que el oficialismo se ha esforzado por ocultar, desmiente esas versiones de Villatoro y Delgado.
Decenas de muertes han sido atribuidas por forenses a golpizas y a anemia o a deterioro letal de las condiciones de salud por falta de atención médica en las cárceles. Es el caso, por ejemplo, de Edwin Manuel Flores Coreas, capturado el 13 de mayo de 2022 y fallecido nueve meses después, el 10 de febrero de este año, con “signos de tortura y de haber sido víctima de palizas constantes… hemorragia gastrointestinal posiblemente debido a los golpes”, según el informe. Edwin murió trece días después de haber salido del penal. O el caso de José Luis Moreno Terán, un joven de 18 años que murió en junio de 2022 por “golpes”. Y como esos, decenas.
Rodolfo Delgado, el fiscal general de El Salvador, dio carpetazo a estas denuncias y a casos documentados de asesinatos de reos a manos de custodios y agentes del Estado. El 13 de junio pasado, en una entrevista televisiva, Delgado dijo que todas las muertes fueron causadas por enfermedades.
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