Tegucigalpa – Honduras vive una profunda crisis institucional tras el tenso enfrentamiento ocurrido entre la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, incidente que ha generado un aluvión de reacciones y cuestionamientos sobre la independencia del organismo electoral y el papel de los militares en los procesos democráticos del país.
El conflicto estalló cuando López denunció haber sido «agredida verbalmente» por el general Hernández durante una reunión programada entre el pleno del CNE y representantes del instituto castrense. Según la funcionaria electoral, el militar ingresó al recinto visiblemente alterado, le gritó que «ella no era su superior» y exigió que retirara una publicación realizada días antes en la plataforma X, donde denunciaba una presunta conspiración entre militares, un expresidente y una candidata presidencial para manipular informes relacionados con las irregularidades en las elecciones primarias del 9 de marzo.
«Entró molesto al salón, empujó a una de las muchachas de protocolo y me gritó que no era subalterno mío», narró López, quien decidió suspender la sesión por considerar que no existían «condiciones de seguridad, rodeada de tantos hombres armados».
Por su parte, el general Hernández negó categóricamente haber agredido a la funcionaria y anunció que interpondrá una denuncia ante el Ministerio Público por lo que considera afirmaciones falsas que dañan la reputación de la institución militar. «Rechazamos de manera unánime los comentarios en la red social X de López y los calificamos de mentiras y de falsos», enfatizó el jefe castrense, quien exigió a la presidenta del CNE «que retire de manera inmediata la publicación».
Este enfrentamiento ha generado posicionamientos diametralmente opuestos entre diversos actores políticos y sociales, profundizando la polarización en el país centroamericano.
El consejero electoral Marlon Ochoa respaldó la postura del militar y responsabilizó a López y a su colega Ana Paola Hall por las irregularidades registradas durante las elecciones primarias. Ochoa calificó de «chisme» la denuncia sobre conspiración y sugirió la existencia de «una conspiración planificada con alevosía y dolo de parte del bipartidismo político» contra el gobierno y el jefe militar.
Por su parte, Hall rechazó las acusaciones de conspirar contra las Fuerzas Armadas y demandó respeto «como mujeres y funcionarias», lamentando que la sesión se transformara en «un debate improvisado que deja al órgano electoral en una situación injusta y desigual».
Figuras académicas y exfuncionarios han expresado su preocupación por las implicaciones del incidente. La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, calificó la conducta del general como «un irrespeto absoluto a la institucionalidad democrática» y destacó la «valentía y dignidad» de López frente a lo que considera «un caso de violencia política».
El exfiscal general, Edmundo Orellana, advirtió que la actitud «vociferante, deliberante y desafiante» del jefe militar debe provocar «angustiante preocupación» y cuestionó la madurez de los funcionarios involucrados para gestionar las elecciones generales.
Desde el ámbito político, las reacciones han sido igualmente contundentes. El exprecandidato presidencial liberal, Jorge Cálix, cuestionó que el general ingresara armado a la reunión y lo acusó de seguir «la línea de Rixi para continuar el boicot electoral». La diputada liberal Beatriz Valle lamentó que el partido Libertad y Refundación (Libre) esté «protegiendo chafarotes indignos e irrespetuosos de la Constitución».
La expresidenciable Maribel Espinoza calificó el incidente como un «acto de provocación porque el jefe de las FFAA se siente acorralado» y advirtió sobre posibles intenciones de «romper el orden constitucional». En un tono más confrontacional, el presidente del Partido Democracia Cristiana, Godofredo Fajardo, desafió directamente al general a confrontarlo: «Si usted es tan macho venga gríteme a mí a ver qué tal».
En contraste, el asesor presidencial y expresidente Manuel Zelaya expresó su «total respaldo» al jefe militar, atribuyendo la controversia a «calumnias e infundados ataques del Partido Nacional contra las Fuerzas Armadas» para desprestigiar el proceso electoral.
Por su parte, Salvador Nasralla, virtual candidato presidencial del Partido Liberal, acusó a Zelaya de «querer dilatar el proceso de divulgar los resultados oficiales» y advirtió que irá «a las calles» si no se publican oficialmente el 8 de abril. También denunció «injerencia de la ministra de Defensa, Rixi Moncada, a través de las FFAA».
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha instado al diálogo como vía para resolver el conflicto, confirmando que personal de la institución se apersonó al lugar del incidente para tomar declaraciones a ambas partes.
Este enfrentamiento entre autoridades electorales, militares y políticas profundiza la crisis institucional en torno al proceso electoral hondureño, ya marcado por irregularidades durante las primarias que obligaron a extender la votación en algunas zonas del país.
La situación genera preocupación sobre el clima en que se desarrollarán las próximas elecciones generales, previstas para noviembre de 2025, y sobre la capacidad de las instituciones para garantizar procesos transparentes y legítimos.
Los próximos días serán cruciales para determinar si prevalece la vía del diálogo institucional o si, por el contrario, la confrontación escala, poniendo en riesgo la estabilidad democrática del país centroamericano.
