Tegucigalpa. – Este martes se emitió un recurso correctivo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dirigido específicamente a los administradores de los penales de Támara y El Porvenir de Francisco Morazán, Morocelí de El Paraíso e Ilama en Santa Bárbara.
De oficio presentó un recurso de hábeas corpus para «salvaguardar la seguridad» de los presos y «mantener el orden» en las cárceles luego de que el sábado y el domingo se desataran peleas que dejaron un muerto y siete heridos en total.
Al respecto, la CSJ presentó ante la Sala Constitucional el registro “SCO-0432-2023” en oposición a la conducta de los directores del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Otoniel Castillo Lemus; Tamara, Anselmo Antonio Fajardo; El Futuro, Moroceli; e Ilama, Marlon Lagos.
Cualquier persona que sospeche de una detención ilegal o prisión legal con tortura en contra de un ciudadano puede hacer uso del recurso de hábeas corpus, tal como lo establece el artículo 13 de la Ley de Justicia Constitucional (2004).
Cuando estuviere «ilegalmente presa, detenida o de cualquier otra manera impedida del goce de su libertad», según lo dispuesto en el inciso a.
Según el inciso ‘b’, del citado artículo, «Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión».
Hubo peleas entre la pandilla Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13) entre el sábado y el domingo en los cuatro penales mencionados.
Una persona murió y otras dos resultaron heridas en el penal «El Pozo» de Ilama; tres presos fueron heridos en Morocel; dos más resultaron heridos en Támara; y las autoridades aún no reportan el total de heridos en El Porvenir.
Según la agencia de noticias Efe, la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) había registrado al menos 70 presos asesinados violentamente en Honduras hasta 2019 previo a estos enfrentamientos.
El sistema penitenciario de la nación consta de aproximadamente 25 instalaciones, que albergan a más de 19.000 reclusos con una capacidad máxima de 8.000.
Ayer lunes, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció que la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, encabezará una comisión para fiscalizar las prisiones.
